La violencia en el país, por parte de los grupos al margen de la ley no cesa. Y es que, en las últimas horas se han intensificados los enfrentamientos entre miembros del ELN y las disidencias de las Farc, por lo que cerca de 250 personas pertenecientes a la población civil, han decidido abandonar su territorio, y otras más se mantienen escondidas dentro de sus viviendas.
Un panorama por el que, recientemente, la Defensoría del Pueblo elevó una alerta sobre el riesgo que corren los pobladores que aún habitan este territorio, e instó a que dichos grupos, detengan el ataque y permitan que las familias sean atendidas.
"Esta situación generó que un grupo de pobladores se mantengan refugiados del fuego y artefactos explosivos en una escuela de la zona. Las familias tienen entre sus integrantes a menores de edad", comenzó por advertir la Defensoría, en un comunicado.
No obstante, y según la misiva de la Defensoría, “se ha recibido información de personas que se encuentran heridas y requieren atención médica urgente”.
Por dicha situación, la entidad pide, a estos grupos armados, detener el fuego cruzado y permitir que los pobladores sean atendidos.
“La situación ha sido analizada conjuntamente con las instituciones para disponer de protección y atención humanitaria”.
“Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”.
Cabe decir que, según datos de la Defensoría, en lo que ha corrido del año, en Colombia, cerca de 101.474 personas se han desplazado de manera forzada en distintas zonas del país entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. Además, 110.375 han tenido que confinarse debido al conflicto armado.
De ese número total, los departamentos que concentran la mayor cantidad de casos de desplazamiento son Norte de Santander, Nariño y Cauca.
Por su parte Chocó, Cauca y Huila tienen los índices más críticos de confinamiento en el año. “Estas cifras, que han aumentado en lo corrido del año, demuestran que la crisis humanitaria persiste en los territorios más vulnerables del país”.
“Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo insta a la implementación urgente de políticas específicas de prevención y respuesta en los territorios con mayores índices de desplazamiento forzado y confinamiento. Estas medidas deben tener un enfoque territorial y garantizar la presencia efectiva del Estado”, sentenció la entidad, en el informe.