La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida de aseguramiento del expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, investigado por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los defensores de Calle habían presentado una solicitud de control de legalidad para que el alto tribunal revisara la medida de aseguramiento del exrepresentante, quien está acusado por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado.
Sin embargo, Blanca Nélida Barreto, Jorge Emilio Caldas y Ariel Augusto Torres, magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, declararon “impróspera” esa solicitud.
En segundo lugar, resolvieron devolver el proceso a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. “Contra esta providencia no proceden recursos”, precisa el documento que se conoció este martes, 19 de agosto.
Calle se encuentra actualmente recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Su defensa, encabezada por el abogado Billie Torres, argumentó que el excongresista no representa un peligro para el proceso penal y ha colaborado con la justicia desde el inicio de la investigación.
De acuerdo con la investigación judicial, Andrés Calle, quien se entregó voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación, habría recibido $1000 millones de pesos el 14 de octubre de 2023 en un apartamento de Montería, de manos del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. El dinero tendría como destino el financiamiento de campañas políticas de su hermano y su padre en Córdoba.
La Corte señaló que los recursos provenían de un contrato adjudicado a través de la UNGRD para la compra de carrotanques en La Guajira. La adjudicación fue realizada a la empresa Impoamericana Roger SAS, bajo control de Luis Eduardo López Rosero. Los fondos habrían sido desviados mediante un anticipo pagado en enero de 2024.
En su análisis del caso, el alto tribunal indicó que “Calle Aguas conocía que el dinero que se le entregaba y del cual se apropiaba, tenía por lo menos un vínculo mediato, funcional, con el patrimonio de la Unidad”, lo que sustentó la decisión inicial de privarlo de la libertad mientras avanza el proceso.
Este proceso judicial, que también involucra al expresidente del Senado, Iván Leonidas Name, continuará su curso en la Sala Especial de Instrucción. La Corte deberá definir si archiva la investigación, presenta acusación formal o se produce una sentencia anticipada en caso de aceptación de cargos.