Las autoridades judiciales revelaron este martes 12 de mayo en Ibagué detalles de un caso que ha generado conmoción por la gravedad de los hechos. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, una menor de edad habría permanecido privada de la libertad desde el año 2016, cuando tenía 8 años, dentro de su propia vivienda, bajo el control de su madre y su padrastro.
En audiencia, el fiscal del caso calificó la situación como una vulneración grave de derechos humanos y explicó que, desde el segundo semestre de ese año, se habría iniciado un ciclo continuo de violencia física, psicológica y sexual contra la niña.
Según el ente acusador, la menor era atada con diferentes elementos para impedir que escapara. También habría sido mantenida aislada durante días, con restricciones de alimentación y sometida a agresiones físicas y a sustancias químicas que le causaron lesiones en la piel.
La Fiscalía General de la Nación sostuvo además que la madre, presuntamente, habría permitido que el padrastro abusara sexualmente de la niña en repetidas ocasiones. Producto de esos lamentables hechos, la menor de edad quedó embarazada en dos oportunidades y, según la acusación, fue obligada a abortar en la vivienda, sin atención médica y bajo presión.
Para evitar que la menor pidiera ayuda, la adolescente fue retirada del colegio. Según la investigación, en las pocas ocasiones que salió de la casa, fue llevada a un centro de planificación para la colocación de un dispositivo que evitara nuevos embarazos.
Durante la diligencia judicial, la jueza cuestionó la conducta de la madre de la niña al señalar que no activó ningún mecanismo de protección para su hija y que, por el contrario, habría tolerado e intervenido en episodios de maltrato.
El caso se conoció cuando la adolescente logró escapar y acudir ante una autoridad, donde relató lo ocurrido. A partir de su testimonio, se inició el proceso investigativo que hoy tiene a la pareja privada de la libertad de manera preventiva.
Un psicólogo forense explicó que, en algunos contextos, las mujeres que han sido víctimas de abuso en su infancia pueden terminar vinculadas a agresores que repiten patrones de violencia dentro del hogar, con un silencio que termina facilitando nuevas victimizaciones en sus hijos.
La madre y el padrastro enfrentan un proceso judicial que podría derivar en penas cercanas a los 40 años de prisión, mientras avanzan las investigaciones por el hecho.