La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió cerrar el expediente relacionado con la solicitud de medidas cautelares presentada en favor de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025.
Así lo estableció el organismo internacional en una comunicación oficial fechada el 27 de enero de 2026, y recientemente publicada, en la que concluyó que no se cumplían los requisitos exigidos por su reglamento para otorgar este tipo de protección excepcional.
La determinación fue adoptada luego de analizar la información remitida por las partes involucradas, entre ellas el Estado colombiano, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En el documento enviado a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, la CIDH señaló que “la Comisión ha decidido cerrar el expediente de la presente solicitud de medida cautelar, en tanto no se cumplen los requisitos del artículo 25 del Reglamento”.
No obstante, precisó que esta decisión “no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo”
De acuerdo con la UNP, durante el trámite ante el organismo interamericano se entregó toda la información relacionada con las actuaciones adelantadas por la entidad en el marco de sus funciones legales y constitucionales, específicamente en lo que tiene que ver con la protección de los familiares de Miguel Uribe Turbay.
La entidad indicó que la decisión de la CIDH no implica la suspensión ni la reducción de los esquemas de seguridad actualmente vigentes.
Cabe señalar que, la solicitud de medidas cautelares fue presentada por el abogado Víctor Mosquera, quien representa a la familia de Miguel Uribe Turbay. En julio de 2025, el jurista informó que sostuvo una reunión ante la CIDH para exponer los argumentos que, a su juicio, sustentaban la necesidad de otorgar medidas de protección tanto para el entonces senador como para su núcleo familiar.
En ese mismo escenario, Mosquera anunció la presentación de una solicitud adicional en favor de los integrantes del partido Centro Democrático, colectividad a la que pertenecía Uribe Turbay y que ejerce funciones de oposición política.
“A su vez, también estamos presentando unas medidas cautelares en favor de todos los integrantes de la oposición del partido Centro Democrático, con el objetivo no solamente de salvaguardar su vida e integridad personal, sino de cara a las elecciones del próximo año (2026)”, señaló el abogado en su momento.
Durante el trámite, Mosquera allegó a la CIDH documentos relacionados con presuntos discursos de odio y estigmatización, que, según su criterio, habrían sido impulsados desde el Gobierno nacional contra Miguel Uribe Turbay. También expuso señalamientos sobre una presunta falta de protección por parte de la UNP, entidad responsable del esquema de seguridad del precandidato presidencial.
Adicionalmente, el abogado expresó su preocupación por posibles injerencias del Ejecutivo en la investigación del asesinato, la cual, afirmó, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Según Mosquera, el Gobierno habría adelantado indagaciones paralelas y divulgado información sobre presuntos responsables del crimen.
“Establecemos que se han venido dando nombres de organizaciones criminales tratando de cerrar esa investigación o direccionarla, y esto no puede ser permitido”, afirmó.
Pese a estos planteamientos, la CIDH resolvió no conceder las medidas cautelares solicitadas. Frente a ello, la UNP reiteró su posición institucional y sostuvo que “reafirma su compromiso con la protección de la vida y la integridad, así como con la transparencia en el ejercicio de sus funciones”, subrayando que continuará cumpliendo sus responsabilidades conforme a la ley.