La Fiscalía General de la Nación avanzó en una nueva etapa de la investigación relacionada con el conglomerado empresarial vinculado a Lili Pink, compañía dedicada a la comercialización de ropa interior, prendas y accesorios para mujeres.
El organismo judicial amplió las medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 45 inmuebles que, según la investigación, estarían relacionados con una presunta red de contrabando y lavado de activos.
Los bienes afectados están avaluados en más de 184.615 millones de pesos y corresponden a 17 predios rurales y 28 urbanos. Los inmuebles se encuentran distribuidos en Bogotá, Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca, además de Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.
El procedimiento es liderado por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, con el acompañamiento de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Ejército Nacional.
La investigación contra Lili Pink comenzó a tomar fuerza durante el primer semestre de 2022, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) identificó movimientos comerciales y financieros que consideró atípicos alrededor de varias empresas relacionadas con Lili Pink.
Entre los aspectos que despertaron las investigaciones estuvieron la creación de pequeñas sociedades y diferentes importaciones procedentes de Panamá, en medio de la rápida expansión que había registrado la cadena de tiendas en varias ciudades del país.
Como parte de las pesquisas, el 31 de marzo de 2022 se realizó una inspección en Pink Life S.A.S., identificada como la casa matriz de la compañía en Barranquilla. La operación se extendió durante unas diez horas y permitió recopilar documentos y equipos tecnológicos pertenecientes al área contable.
De acuerdo con la investigación, las autoridades habrían encontrado indicios de posibles importaciones ficticias, incrementos injustificados en la facturación, empresas que compartían representantes legales, costos de producción presuntamente inexistentes y deducciones tributarias cuestionadas.
También se analizan supuestas operaciones comerciales sin respaldo real y movimientos de capital mediante compañías que, según la Fiscalía, no tendrían capacidad económica suficiente.
El objetivo de las autoridades es establecer el origen de los recursos y determinar si estos habrían sido incorporados al sistema financiero colombiano mediante operaciones destinadas a darles apariencia de legalidad.
La empresa ha rechazado los señalamientos y ha manifestado que sus actividades se han desarrollado conforme a la ley. Asimismo, ha señalado que el caso corresponde a una controversia jurídica que continúa en trámite y que no existen conclusiones definitivas sobre los hechos investigados.