Ocho de los implicados por contrabando, en el caso de Lili Pink, quedaron en libertad, pero sigue la investigación

La Fiscalía no logró sustentar ante un juez la responsabilidad de ocho personas capturadas por su presunta pertenencia a una red dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir, de la que haría parte la empresa Lili Pink. Por esa razón, el juez se abstuvo de imponerles una medida de aseguramiento y ordenó su libertad, mientras la investigación continúa.

Los investigados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

La Fiscalía argumentó que cuenta con pruebas para demostrar que la red de contrabando estaría integrada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los productos que presuntamente ingresaban al país se encuentran prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.

“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, explicó la Fiscalía.

Sin embargo, el juez consideró que la Fiscalía no sustentó de manera suficiente la responsabilidad individual de los ocho investigados ni explicó adecuadamente su presunta participación en la red. Ni siquiera mostró pruebas para demostrar las dos mil importaciones ficticias, que habrían tenido un valor superior a 75.000 millones de pesos.

“El reproche del juzgado recae sobre la deficiente sustentación realizada por la Fiscalía en esta audiencia. La delegada fiscal no explicó concretamente respecto de cuál imputado y cada delito, qué elemento material probatorio y evidencia física legalmente obtenido, sustentaba cada hecho jurídicamente relevante”, explicó la juez en su decisión.

Para el juez, por ejemplo, decir que una persona es dueña de una empresa no es argumento válido para decir que está implicada en haber cometido delitos.

Por este caso, ya fue enviado a la cárcel Walter Francisco Martínez Martínez, porque habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

En total y hasta el momento, el ente investigador ha documentado el lavado de activos en cuantía de $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de $54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los $75.000 millones.