Yo podría haber sido Diego Mazabel, el organizador de bodas asesinado de forma infame durante un atraco. Ocurrió justo en la cuadra de atrás de mi casa, en el barrio El Ingenio, por cuyas calles camino con frecuencia para ir a la tienda, acompañar a mi esposa a la peluquería o simplemente dar una vuelta.
Cuando vi el video del crimen, me reconocí en Diego: caminaba tranquilo, hablaba por celular y llevaba un maletín a la espalda, como suelo hacerlo en el barrio. De repente apareció un asaltante en moto y le disparó, recordando que ni siquiera en la calle que habitamos estamos a salvo.
Ese fue el homicidio número 63 en Cali cuando apenas habían transcurrido 21 días de enero de 2026. Poco después se registró una balacera en el barrio El Peñón, que dejó otra víctima fatal. La presión mediática, sumada a la baja popularidad del alcalde Alejandro Eder en las encuestas, terminó con la salida del entonces secretario de Seguridad, Jairo García.
La ciudad atraviesa un retroceso evidente en materia de homicidios. Mientras en 2024 se registraron 938 casos, 2025 cerró con 1065 asesinatos, es decir, 127 más. Enero de 2026 terminó con 93 crímenes y el 4 de febrero se llegó a los 100 casos, manteniendo una tendencia que preocupa a expertos y autoridades, y que hace que los caleños salgamos con miedo.
Las cifras reflejan un fenómeno complejo. Hoy, en Cali, la mayoría de asesinatos responde a tres dinámicas principales: sicariato asociado a economías ilegales, disputas por microtráfico y hechos vinculados a riñas e intolerancia. En varias zonas de la ciudad, además, estructuras criminales han reorganizado su control territorial en escenarios donde la presencia institucional sigue siendo limitada.
Un analista en seguridad, que pidió reserva de su identidad, advierte que el problema comienza porque la Alcaldía y las autoridades no reconocen públicamente el retroceso.
“Desde el punto de vista estratégico, es muy grave que un aumento tan fuerte en homicidios no se asuma como un fracaso. Si no se acepta el problema, es difícil corregirlo”, sostiene.
El 1 de enero, la Alcaldía publicó un boletín en el que se afirmaba: “Gobierno Eder logra el menor número de homicidios en los dos primeros años comparado con administraciones anteriores”, tras sumar las cifras de 2024 y 2025, pese a que una de las promesas de campaña era mantener la ciudad por debajo de los mil asesinatos anuales.
“El incremento de homicidios de 2025 fue equivalente, en tamaño y porcentaje, al aumento registrado durante el estallido social, cuando la autoridad en Cali se replegó y en las calles parecía imponerse la ley del más fuerte y el control territorial quedó en manos de actores ilegales. Sin embargo, ni la Alcaldía ni las autoridades parecen reconocerlo abiertamente”, agrega el analista.
El coronel (r) Javier Garcés Mosquera, nuevo secretario de Seguridad y Justicia de Cali, advierte, sin embargo, que parte del motivo por el que los asesinatos crecieron en 2025 es porque la ciudad estuvo bajo un escenario en el que no se encontraba desde hacía bastante tiempo: el terrorismo.
“También hay que entender que la criminalidad no es estática. Implementamos estrategias en 2024, se tomaron medidas y la criminalidad modificó su accionar, y eso hizo que los resultados no fueran los mismos. Pero siempre nos hemos planteado estar por debajo de 1000 homicidios. El primer año lo logramos; en el segundo año subió el 14 %, pero sin las acciones que tomamos pudo haber sido más alto. Logramos una contención del homicidio”, dice el nuevo funcionario.
Por otro lado, una fuente militar, que también pidió la reserva de su identidad, señala que los reiterados cambios en la Comandancia de la Policía Metropolitana han impactado la continuidad de procesos operativos. Cali ha tenido tres comandantes en apenas dos años.
“La ciudad venía teniendo muy buenos resultados con el general Carlos Oviedo, y el cambio de liderazgo tuvo repercusiones. Oviedo era un general cercano al personal, estaba en la calle, asistía a puestos de control y formaciones. Luego llegó el general Henry Bello, con un estilo distinto, más enfocado en disciplina y restricción de descansos, que para los policías es un incentivo clave. Eso generó inconformidad y hubo una especie de brazos caídos en la institución”, afirma.
El general Edwin Urrego asumió posteriormente la Comandancia de la Policía Metropolitana. Actualmente, mientras él se encuentra atendiendo temas médicos, la institución está bajo el mando del coronel Andrés Arias Buitrago, quien asegura que, pese al inicio violento del año, en lo corrido de 2026 se han obtenido “resultados altamente significativos”.
“Tenemos una reducción del 5 % en homicidios frente al mismo periodo de 2025. Es importante entender que las dinámicas de estos delitos en Cali están asociadas principalmente a intolerancia, sicariato, riñas y disputas relacionadas con microtráfico”, explica.
Según el Secretario de Seguridad local, los cambios constantes de comandante de Policía no deberían, de fondo, generar traumatismos en las estrategias de seguridad, planeadas con anterioridad y que no dependen de un solo funcionario.
En su concepto, los traslados y los cambios son tradicionales en la Fuerza Pública. Sin embargo, reconoce que las dinámicas de relacionamiento sí tienen que ajustarse, “porque cada comandante tiene una visión particular”.
Por otra parte, un contratista de la Alcaldía que aceptó hablar bajo la reserva de su nombre advierte que las demoras en los procesos de contratación dentro de la Secretaría de Seguridad también impactaron los resultados operativos en 2025.
“Hubo diferencias al interior de la Secretaría en temas de contratación. Eso impidió que en 2025 se contratara con la rapidez que sí se logró en 2024. La Policía empezó a desgastarse porque se prometían inversiones que no llegaban. Existía un problema administrativo muy claro”, explica.
Mientras en 2024 se adquirieron con rapidez motocicletas, vehículos y equipos de comunicación, en 2025 la compra de equipos destinados al fortalecimiento de capacidades investigativas no se hicieron o por lo menos llegaron muy tarde.
“El plan contemplaba priorizar el parque automotor en 2024 y avanzar en 2025 hacia inversión en inteligencia judicial y equipos de investigación. Sin embargo, los ajustes en el plan anual de adquisiciones y los retrasos contractuales dificultaron ese proceso”, explica el contratista.
Al consultarle sobre ello, el nuevo Secretario de Seguridad de Cali asegura que no ha recibido información de conflictos al interior de la Secretaría por la contratación. “Pueden haber demoras por flujos de aprobación de algunos recursos, pero en general se está cumpliendo con lo que se programó. Sabemos que hay que cerrar una brecha de capacidades de la Fuerza Pública y en eso estamos priorizando las inversiones. Claro que pueden presentarse inconvenientes: flujos de aprobación, disponibilidad del dinero. El año pasado se tramitó el tema del empréstito. Pero no tengo información de que se deban a conflictos al interior del despacho”, comenta.
¿Cómo se ha logrado reducir la violencia en Cali?
Durante la alcaldía de Rodrigo Guerrero Cali logró reducir sostenidamente la tasa de homicidios, en gran parte gracias a la estrategia TIOS (Territorios de Inclusión y Oportunidades), que administraciones posteriores retomaron parcialmente o abandonaron.
La iniciativa consistía en focalizar la inversión pública en los barrios con mayores índices de violencia. Además del aumento del pie de fuerza, se desarrollaban obras en educación, alumbrado público, cultura, deporte.
El objetivo era generar desarrollo en las zonas más vulnerables, como estrategia de prevención del delito, una fórmula que históricamente ha mostrado resultados en ciudades con altos niveles de violencia.
Actualmente, en cambio, aunque la administración de Alejandro Eder ejecuta programas como En la Buena, orientado a generar oportunidades para jóvenes en riesgo, analistas consideran que estos proyectos requieren mayor cobertura, continuidad y, sobre todo, recursos.
“Los sistemas de recompensas han funcionado para facilitar capturas, pero la ciudad necesita una estrategia más ambiciosa de prevención social del delito”, advierte uno de los expertos.
Al respecto, Javier Garcés anuncia que se ha planteado aumentar recursos para el programa En la Buena y otras iniciativas de prevención, articulando a otras secretarías.
“El año pasado retomamos en algún momento la focalización en microterritorios TIOS, con muy buenos resultados. Pero la criminalidad es dinámica y los fenómenos de inseguridad se desplazaron hacia otros barrios”, explica.
En el frente operativo, el nuevo Secretario de Seguridad de Cali indica, por otra parte, que se está haciendo un ajuste dentro de las estrategia en la dependencia.
“Lo primero es la relación con la comunidad. La Secretaría necesita informarle mejor a los ciudadanos lo que estamos haciendo en materia de seguridad, pero también recibir retroalimentación sobre cómo perciben el trabajo que realizamos. Este acercamiento con la comunidad es fundamental para ser una Secretaría más cercana a la ciudad. Lo segundo es la articulación con la Fuerza Pública. Ya tenemos unas capacidades instaladas, como el Bloque de Búsqueda, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía. La ruta para entregar mejores resultados operacionales es mejorar esa articulación. También vamos a fortalecer la inversión en tecnología y herramientas para mejorar el trabajo investigativo en materia de seguridad”, dice.
Justamente un reclamo que se le hace a la actual Alcaldía es la articulación de sus despachos. El ejemplo más evidente es en Movilidad e Infraestructura; los ciudadanos no entienden el motivo por el cuál se demarcan vías o se instalan taches en calles llenas de huecos, por ejemplo. ¿No sería acaso más efectivo que Infraestructura repare los baches antes de la instalación de elementos de seguridad por parte de Movilidad?
El coronel Arias Buitrago, comandante encargado de la Policía, explica, por su parte, que se implementaron nuevos puestos de control y se diseñaron los llamados “polígonos de seguridad”, como una estrategia para frenar asesinatos y otros delitos de alto impacto como el hurto a personas y motocicletas.
“Son operativos focalizados en lugares, horarios y días donde se concentran los delitos, desde homicidios hasta hurtos, con el fin de aumentar presencia institucional y control territorial”, comenta.
A lo anterior se suman las denominadas Caravanas por la Vida, desarrolladas en coordinación con el Ejército Nacional. “Buscamos desplegar un componente conjunto en los sectores con mayor incidencia de delitos de alto impacto para recuperar la tranquilidad ciudadana”, agrega el coronel.
Los barrios priorizados actualmente incluyen Los Mangos, El Diamante, El Vallado, Meléndez y La Sultana. Sin embargo, la percepción ciudadana es que el peligro puede aparecer en cualquier esquina, incluso en una tranquila cuadra de El Ingenio.