El partido Cambio Radical denunció un hecho de violencia en el municipio de Chachagüí, Nariño, luego de que un hombre armado disparara contra la vivienda del concejal Esteban Martínez en la madrugada del viernes 26 de diciembre, un ataque que quedó registrado en cámaras de seguridad.
De acuerdo con las imágenes difundidas por el propio partido, hacia las 2:09 de la mañana un hombre enmascarado y vestido completamente de negro llegó hasta la residencia del concejal y disparó en al menos seis ocasiones contra la vivienda.
Tras accionar el arma, el atacante huyó inmediatamente del lugar.
El hecho fue denunciado públicamente como un atentado directo contra la vida del cabildante y su familia. Desde su entorno político se advirtió que Martínez lleva cerca de dos años alertando sobre amenazas reiteradas, sin que, según señalan, la Unidad Nacional de Protección (UNP) haya adoptado medidas efectivas para garantizar su seguridad.
“Nuestro concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez, lleva casi dos años denunciando múltiples amenazas contra su vida y la de su familia. La UNP y el Gobierno han hecho caso omiso y no le han brindado ninguna protección”, dijo Cambio Radical en X.
En el mensaje se cuestionó la falta de respuesta institucional y se exigió acompañamiento inmediato.
“Exigimos protección inmediata y garantías ya. Hacemos responsable al Gobierno de Gustavo Petro y a la UNP de cualquier hecho que pueda ocurrirle a nuestro concejal Esteban Martínez o a su familia”, finalizó el partido en su comunicado.
Cielo Rusinque denuncia intimidaciones para frenar investigación de la SIC sobre contratos de la UNP
Esta semana, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, advirtió sobre presiones y amenazas que buscarían incidir en decisiones relacionadas con una investigación por presunta colusión en contratos de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección.
La denuncia fue hecha pública a través de un video divulgado redes sociales. En él, Rusinque señaló que se trataría de acciones orientadas a condicionar los pronunciamientos de fondo que están por venir en procesos que involucran presuntas conductas de colusión y el incumplimiento de instrucciones durante visitas administrativas.
“Un plan sistemáticamente orquestado por estructuras de poder que quieren paralizar e influir en las decisiones que se tomen en las investigaciones que adelantamos en un sector de la contratación estatal, que implica billones de pesos de recursos públicos destinados a la protección de personas cuya integridad corre peligro”, escribió la funcionaria en X.