Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), revela cómo los grupos armados ilegales han crecido en Colombia, colocando principal preocupación a los grupos que mantienen diálogos con el gobierno: Disidencias de Calarcá y Clan del Golfo.
Estas cifras muestran cómo estos grupos criminales utilizan los diálogos de paz con el gobierno Petro en la denominada Paz Total, para fortalecerse y aprovechar las falencias que esta política muestra en un total fracaso, sumado al informe que revelaba filtraciones en entidades estatales de las disidencias de Calarcá.
El informe señala que, entre diciembre del 2024 y julio de 2025, los integrantes de Grupos Armados Organizados habrían aumentado en 15% (3.320 personas), citando el más reciente ejercicio de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam), realizado por la Fuerza Pública.
Los resultados revelan que el Clan del Golfo sigue siendo el grupo más numeroso con al menos 8.945 miembros, y con un crecimiento del 18% en el periodo mencionado. Curiosamente, este es otro grupo que actualmente está en negociaciones con el gobierno y que es considerado la mayor amenaza para el país.
En número de integrantes le sigue el ELN, que a pesar de tener un crecimiento más discreto (3%), hoy alcanza los 6.450 integrantes. Otra mesa de diálogos que tuvo en su momento el presidente Petro, pero que rompió.
Las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, conocidas como Estado Mayor Central (EMC), también experimentaron un aumento significativo del 20% (640 integrantes), para un total de 3.919 integrantes.
La paz total como beneficio de la violencia total
Por su parte, las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de ‘Calarcá Córdoba’, creció 16%, con el ingreso de 387 miembros, para un total de 2.802 en total.
Es precisamente este grupo el que concentra el mayor cuestionamiento sobre la paz total, pues son las disidencias de Calarcá las que actualmente tienen los diálogos de paz más avanzados con el gobierno Petro, pero también las que más se han fortalecido y han tenido más escándalos.
Basta con recordar la información revelada por Noticias Caracol, donde se conoció que las disidencias al mando de Calarcá tendrían una fuerte filtración en varias entidades del Ejercito, la Policía y agencias de inteligencia con el DNI.
Aprovechando su cercanía con el gobierno por los diálogos de paz, este grupo podía trasladar a sus hombres por el país sin ningún tipo de limite, sino que además sabían de información confidencial para huir previamente a los operativos que iban dirigidos contra ellos por la fuerza pública.
A esto se suma que estas cifras del crecimiento de los grupos armados, y en especial de las disidencias de Calarcá, son señales claras de que la política de paz total es una herramienta que está beneficiando más a estos grupos armados que a los colombianos que viven en zonas afectadas por el conflicto.
“Hay unos errores graves de diseño de la paz total. Se inició un proceso sin condiciones, donde el gobierno solo declara ceses al fuego a cambio de nada, sin condiciones y donde los grupos armados se aprovechan de eso. Se expanden y se fortalecen porque no hay un proceso ordenado jurídicamente para poner condiciones a Calarcá y su gente”, explica el investigador de la FIP, Gerson Arias.
Y agrega que “la paz total ha tenido esas debilidades de método, visión, estructura y falta de cuidado jurídico, que ha permitido que ellos aprovechen esto para crecer y expandirse sin ningún reclamo del gobierno”.
El claro ejemplo son las disidencias de Calarcá, que no solo han duplicado su número de hombres de 1.385 personas a 2.800 solo en el gobierno Petro, sino que además siguen en su accionar criminal reclutando personas, negociando con armas, aumentando los homicidios y las rentas criminales con el narcotráfico, el contrabando o la minería ilegal.
Este crecimiento de los grupos armados no solo se ve reflejado en el aumento de hombres en sus filas, sino también en la expansión territorial, el fortalecimiento de sus economías criminales y el aumento de la presión contra la comunidad.
Según revela la FIP, se tiene un reporte de hasta 14 zonas donde los grupos armados están en disputa entre estos mismos grupos armados, donde la comunidad está a merced de la violencia y donde la presencia estatal no existe o es limitada.
Así mismo, la presencia de estos grupos armados en diálogos de paz también cambia totalmente la dinámica del accionar de la fuerza pública, que ahora se estrella contra otros limitantes como la suspensión de órdenes de captura y la protección que el gobierno les otorga solo por estar en conversaciones.
“Está generando un marco de incertidumbre, donde ellos no tienen claridad sobre qué hacer en estas 14 zonas de disputa. Hay una inmovilidad de la Fuerza pública, pero también de la Fiscalía y de la justicia para perseguir estas disidencias que siguen haciendo cosas que nada tiene que ver con la mesa”, agregó.
El panorama de la paz total se refleja en una de las más recientes intervenciones del presidente Petro, donde les pide al ELN que hagan la paz: ““Al ELN le digo, hermanos y hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos: hagan la paz ya. No hay nada que esperar. Bombazos, misiles ahora. Gente que nos insulta, gente que nos humilla, no. Colombia tiene que ser grande”.
La preocupación de la violencia, que ya varios alcaldes han cuestionado al gobierno por las consecuencias de la Paz total, no solo se ven en el presente con aumentos de hechos de violencia y criminalidad, sino que además, el próximo presidente de Colombia hereda de Petro un país mas violento por el fortalecimiento de estos grupos y con mayor desconexión entre las políticas estatales y la seguridad.
“Arrancamos con ceses al fuego, después hablamos de desescalamiento y hoy vamos en zonas de ubicación temporal. El gobierno está empujando esto de una manera desordenada, sin una estrategia o un punto de llegada para trasladarle el costo político de continuar o acabar las mesas de negociación al próximo gobierno”, señala Arias.
Agrega que el próximo presidente llega con el dilema de la seguridad tras la fallida paz total de Petro, implementar la firma de los acuerdos de paz firmados en 2016, tener un plan para recuperar la presencia institucional en el territorio y mejorar sus capacidades de control territorial e inteligencia estratégica que logre la unión entre paz y seguridad que este gobierno no entendió.