La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la detención del excongresista Andrés Calle, tras concluir que su salida del Legislativo no neutralizó el peligro para la comunidad, dado que su influencia le permitiría, desde la libertad, “dinamizar esa red criminal a diversos niveles”.
El fallo de 37 páginas desestimó el argumento de la defensa sobre la desaparición del riesgo tras su renuncia a la curul.
Los magistrados determinaron que la estructura investigada opera en varios niveles y que el conocimiento que tiene Calle sobre su funcionamiento, sumado a su representatividad, le facilitaría operar “desde la informalidad”.
La Corte fue explícita al señalar que el excongresista habría operado como parte de una “red criminal de corrupción pública” y que su libertad podría favorecer la continuidad de los delitos.
El tribunal explicó que el poder de Calle trasciende su cargo formal. Según la providencia, el procesado mantiene un “capital político y social significativo”, lo que implica una “capacidad intensa de influencia”.
La Sala advirtió que esta condición “favorece el acceso y funcionamiento de redes clientelares”, explicando que a través de este mecanismo se obtienen “réditos políticos o económicos” a cambio de empleo o contratos.
Estas ventajas, subrayó el fallo, se pueden obtener “directamente o por interpuesta persona”, motivo por el cual la detención preventiva se consideró necesaria.
La decisión judicial rechazó que la corrupción imputada fuera un delito abstracto. La Sala identificó un grupo específico afectado: las personas vulnerables de La Guajira y la región de La Mojana, a quienes estaban destinados los recursos desviados.
“La actividad delictiva dirigida a menoscabar intereses encarnados en la base fundamental de la estructura social sí deja víctimas”, sentenció la Corte.
El alto tribunal concluyó que la “representatividad política” de Calle, presuntamente usada para “corromper el trámite legislativo”, no desaparece por su renuncia, manteniendo vigente el riesgo para la sociedad.
El expediente que soporta el juicio reveló que la presunta coima de $1000 millones llegó a manos de Calle tras una operación de préstamo particular gestionada por Sneyder Pinilla, quien transportó el efectivo en maletines deportivos y bolsas de basura antes de distribuirlo.
Según la acusación, la entrega se concretó personalmente el 14 de octubre de 2023 en un apartamento de Montería, luego de que Pinilla coordinara por chat un encuentro en un “sitio reservado” con el entonces Presidente de la Cámara.
La investigación estableció que, aunque el dinero inicial provino de un prestamista privado al 2,3% de interés, la deuda se saldó en enero de 2024 con recursos públicos desviados del anticipo para la compra de los carrotanques de La Guajira.
La Corte concluyó que los implicados conocían que el capital tenía un “vínculo funcional” con el patrimonio de la Ungrd, lo que configuró el delito de peculado pese a la intermediación financiera.