Asegurando que se han presentado modificaciones sustanciales en los hechos que sustentan el delito de tráfico de influencias, el abogado de la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz solicitó la preclusión del proceso en su contra.
La petición fue elevada por el jurista Mauricio Camacho Fernández durante la reanudación de las audiencias preparatorias de juicio contra la exalta funcionaria, señalada como presunta responsable dentro del entramado de corrupción que se investiga en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En su intervención, el abogado sostuvo que tanto en la audiencia de imputación de cargos como en la presentación del escrito de acusación se habrían introducido cambios sustanciales en la descripción de los hechos que soportan el delito de tráfico de influencias.
De acuerdo con el abogado, una revisión detallada del proceso le permitió concluir que los hechos mencionados “no ocurrieron” en la forma en que han sido planteados por la Fiscalía General de la Nación.
En ese sentido, argumentó que este cargo carecería de una base probatoria suficiente, razón por la cual solicitó su preclusión.
Así las cosas, será el próximo 4 de marzo que la jueza octava especializada de Bogotá tomará una decisión de fondo en el caso de la exconsejera presidencial para las regiones.
Libertad negada
Es de mencionar que en diciembre pasado la juez 79 de control de garantías de Bogotá le negó la libertad a Ortiz, al rechazar un presunto vencimiento de términos que alegaba su defensa.
Señalaban los abogados de la exfuncionaria que habían transcurrido más de 340 días desde que se presentó el escrito de acusación formal contra Ortiz el 24 de enero del año anterior.
Sin embargo, para la juez 79 solo se pueden contabilizar 158 días, ya que el resto de tiempo corresponde a aplazamientos y otras maniobras de la defensa de la exconsejera, que no han permitido el avance del proceso.
“En este evento, para este momento 31 de diciembre, no está llamado a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos invocada por parte de la defensa de la señora Sandra Liliana Ortiz, porque se requiere de 240 días y hasta el momento han transcurrido 158 días”, dijo la juez en ese momento.
Según la Fiscalía, Sandra Ortiz, quien se desempeñó como consejera presidencial para las regiones, es investigada por su presunta participación en el esquema de corrupción en la Ungrd, relacionado con el direccionamiento de recursos públicos relacionados con la compra de carrotanques en La Guajira.