Libertad negada a Sandra Ortiz: jueza descarta vencimiento de términos en caso UNGRD

La solicitud de libertad presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova no prosperó. La jueza 79 de control de garantías de Bogotá concluyó que, dentro del proceso penal por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no se ha configurado el vencimiento de términos exigido por la ley.

Durante la audiencia judicial, la funcionaria explicó que el análisis debía centrarse en los tiempos procesales efectivamente atribuibles a la administración de justicia y no en el total de días transcurridos desde el inicio del proceso. Bajo ese criterio, indicó que los presupuestos legales invocados por la defensa no se cumplen.

En su intervención, la jueza detalló que para que proceda la libertad por vencimiento de términos se requiere un mínimo de 240 días imputables a la Judicatura. Sin embargo, precisó que, hasta el momento, solo pueden contabilizarse 158 días bajo esa responsabilidad.

El despacho judicial expuso un desglose de los tiempos procesales desde el 24 de enero, fecha tomada como punto de partida. De los 342 días transcurridos, explicó que 170 días corresponden a actuaciones atribuibles a la defensa de la exconsejera, mientras que 14 días fueron catalogados como eventos de fuerza mayor.

Con base en esa distribución, la jueza sostuvo que la causal de libertad solicitada no está llamada a prosperar. Según afirmó en estrados, el cómputo legal debe excluir los periodos que no son responsabilidad directa del juzgado, tal como lo establece la normativa vigente.

La decisión también se apoyó en lo dispuesto en el artículo 317, numeral 5, del Código de Procedimiento Penal, que regula las condiciones para conceder la libertad por vencimiento de términos cuando no se ha dado inicio a la fase de juicio dentro del plazo legal.

Además de negar la solicitud principal, la jueza resolvió de manera desfavorable otra petición elevada por la defensa de Ortiz Nova, la sustitución de la medida de aseguramiento. En criterio del despacho, no se cumplen los requisitos para modificar la situación jurídica de la exfuncionaria.

Sandra Liliana Ortiz Nova, quien se desempeñó como exconsejera presidencial para las regiones, permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso penal que la vincula al entramado de corrupción que habría afectado recursos destinados a la atención de emergencias a través de la UNGRD.

Los abogados de la exconsejera insistieron en que, a su juicio, los términos entre la presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio ya se habían superado. No obstante, la jueza consideró que una parte significativa de las dilaciones es atribuible a la estrategia procesal de la defensa.

Tras conocerse la decisión, la defensa anunció la apelación del fallo. El caso será ahora revisado por un juez de segunda instancia, quien deberá pronunciarse de manera definitiva sobre la solicitud de libertad y las demás pretensiones planteadas dentro del proceso.