Dejan en libertad a los tres funcionarios del Ministerio de Defensa procesados por escándalo del contrato de Helicópteros MI-17

La jueza 131 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá decidió no imponer medida de aseguramiento intramural contra los capturados por el presunto caso de corrupción en el contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

La investigación seguirá avanzando y dejó a los procesados en libertad mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La determinación judicial benefició a Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; a Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, oficial de la Brigada de Aviación N.º 32 del Ejército Nacional, quienes continuarán vinculados al proceso penal.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la investigación se centra en presuntas irregularidades detectadas en el contrato 012 de 2024, suscrito el 31 de diciembre de ese año entre el Ministerio de Defensa y la empresa extranjera Vertol Systems Company Inc., por un valor de 32,4 millones de dólares, cuyo objeto era el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 en sus distintas versiones.

Según la tesis del ente acusador, en la estructuración y ejecución del contrato se habrían presentado decisiones administrativas que derivaron en riesgos para los recursos públicos, entre ellas la modalidad de contratación directa, la flexibilización de requisitos técnicos y financieros, y la aprobación de modificaciones contractuales que cambiaron la forma de pago originalmente pactada.

Uno de los puntos centrales del expediente es el anticipo del 50 % del valor del contrato, equivalente a 16,2 millones de dólares, girado en abril de 2025, pese a que el avance físico del contrato, de acuerdo con informes oficiales, apenas alcanzaba un 8 %, concentrado principalmente en uno de los seis anexos técnicos.

La jueza, al resolver la situación jurídica, consideró que si bien los elementos presentados permiten mantener abierta la investigación, no se acreditaron los presupuestos necesarios para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que los procesados deberán atender los requerimientos de la justicia sin restricción de su libertad.

El proceso penal continuará mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer responsabilidades individuales en la celebración, modificación y ejecución del contrato, un negocio que sigue bajo la lupa de los entes de control por su impacto fiscal y por las implicaciones operativas que tiene la disponibilidad de la flota aérea del Ejército Nacional.

*Con información de Colprensa