Imputan cargos a dragoneante que portaba arma en evento político del Centro Democrático en Tolima

La Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado, confirmó que ya judicializó formalmente a la funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que fue capturada en Honda (Tolima), luego de que esta asistiera armada a un evento de campaña política de la precandidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe.

Se trata de Mónica Fernanda Joven Urbano, quien fue detectada por el esquema de seguridad de ambos líderes políticos del Centro Democrático cuando estaba demostrando un comportamiento extraño en el Parque José León Armero del municipio mencionado.

La detenida fue presentada por el ente acusador ante un juez de control de garantías y fue imputada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La funcionaria del Inpec se declaró inocente al decidir no aceptar el cargo.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mónica Fernanda Joven Urbano, quien, tras un requerimiento de la Policía Nacional, el pasado 26 de febrero, le habría sido encontrada un arma de fuego en Honda (Tolima). (...) Una fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, se lee en el comunicado del ente acusador.

La entidad judicial recordó que en el lugar de los hechos la mujer fue requisada por uniformadas de la Policía Nacional, quienes le hallaron entre sus pertenencias un bolso con el arma de fuego y cinco cartuchos calibre 25 milímetros.

Mientras avanza este proceso judicial, Joven Urbano permanecerá privada de su libertad al interior de su residencia.

“La mujer manifestó ser funcionaria con acceso a este tipo de elementos, sin embargo, no acreditó ningún permiso de porte o tenencia. Por disposición de una juez de control de garantías, le fue impuesta una medida de aseguramiento en lugar de domicilio”, concluyó la Fiscalía en su misiva.

Este caso generó preocupación en gran parte del país, debido al contexto político, la relevancia de las figuras presentes en el evento y el cargo estatal que ejerce la detenida.

Por su parte, el Inpec emitió un comunicado en el que lanzó un contundente mensaje al rechazar lo sucedido y precisar que no tiene relación ni responsabilidad alguna frente a actividades de carácter político.

La entidad adscrita al Ministerio de Justicia hizo un llamado a no generalizar ni asociar este hecho aislado con el actuar de los miles de funcionarios que cumplen su labor con vocación de servicio y apego a la ley.