La Contraloría se suma a las entidades que se han expresado en contra de lo que propuso el Gobierno Nacional acerca del traslado de recursos provenientes de las pensiones a cargo de Administradoras de Fondos Pensionales (AFP) al sistema de fondos público, Colpensiones.

Si bien esta medida no aplica para todas las pensiones sino para aquellas que aprovecharon la oportunidad ofrecida por el gobierno para hacer el cambio de fondos privados a públicos, esta ha sido duramente criticada por instituciones en el país. Entre estas, el Banco de la República, que habría alertado acerca de las fallas de legalidad que tendría la medida.

El proyecto ha causado fuertes críticas desde varios sectores del país. | Foto: COLPRENSA ©

A esta se sumó la Contraloría, que realizó un análisis preliminar del borrador de decreto presentado por el Ministerio del Trabajo.

Según el ente de control, resulta preocupante que los recursos de ahorro pensional puedan convertirse en fuente de gasto corriente, pues está la posibilidad de que el traslado total de recursos acumulados a Colpensiones implica que los dineros originalmente destinados al ahorro pensional puedan ser utilizados para financiar gasto corriente asociada al pago de mesadas.

Cabe añadir que, con corte a febrero de este año, se han trasladado 119.496 personas desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM). Estos recursos ascienden aproximadamente a $24,7 billones.

Según el ente, el proyecto sería inviable. | Foto: El País

De esos casi 120 mil personas, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión, mientras que otras 100.989 todavía no la han adquirido y estarían aportando un recaudo de $686.642 millones anuales.

Para la Contraloría, si bien el proyecto se fundamenta en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, el mismo artículo establece de manera expresa que el dinero de estas cuentas de ahorro individual debe seguir siendo administrado por los fondos hasta el momento en el que se consolide el derecho pensional.

Esto lo haría inviable jurídicamente, puesto que la mayoría de estas personas no han adquirido todavía el derecho a la pensión.

Y no es lo único. Tampoco se han podido efectuar los traslados de los recursos de las 18.507 personas que ya cuentan con ese derecho porque las administradoras de fondos aseguran que hay una imposibilidad de efectuar el traslado, pues no se puede realizar hasta que no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, según el decreto 1225 de 2024, que reglamenta a su vez la Ley 2381 del mismo año.