El Gobierno Nacional confirmó ayer que busca eliminar la exención que tienen algunos sectores productivos del país del pago de sobretasa de energía. Con ello, la Nación podría recaudar $1,4 billones de $3 billones que representa ese beneficio al año (ver gráfico).
La decisión, que aún no está en borrador, fue rechazada por sectores políticos y gremiales. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, comentó que ningún país del mundo ha logrado superar sus retos sociales, sin tener un sector productivo, vigoroso, exitoso, y con capacidad de generar riqueza y trabajo para la ciudadanía.
“El Gobierno no tiene que ser amigo del sector productivo, ni siquiera tiene que tener simpatías hacia estas actividades, pero que no entienda cuál es el efecto sobre el país de tomar medida tras medida en contra de las empresas, es algo que no se comprende”, dijo.
El sector empresarial siente que hay una persecución en su contra. “Cada semana nos encontramos con noticias peores que las anteriores”, añadió.
Asimismo, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la propuesta como un golpe para la industria cuando apenas trata de levantar cabeza. “Como se sabe, el sector industrial viene mal. Tuvo una caída de 2,1 % en 2024 y en el primer semestre de este año a duras penas creció 1,3 %”.
Aseguró que pagar una contribución del 20 %, encarecerá la tarifa del servicio y afectará la competitividad de las empresas.
¿Quiénes se afectarán?
La exención de pagar esa sobretasa a la energía quedó en la Ley 1430 de 2010, norma que dejó abierta la opción para el Gobierno de establecer quiénes recibirían el beneficio.
Actualmente, están exentas las compañías de sectores de manufactura, minas y energía, agro, construcción, información y comunicaciones y suministro de gas y agua.
Ahora, el Gobierno quiere limitar esa lista y modificar los requisitos para acceder al beneficio. Según análisis de Hacienda, la sobretasa de 20 % para el sector productivo (esta ya la pagan los usuarios residenciales de estratos 5 y 6), generaría un incremento promedio en los costos de producción de los seis sectores analizados de 0,13 %, pero sería hasta del 0,31 %, en el caso de la industria manufacturera. De ahí que la propuesta del Gobierno es que solo las empresas de este sector mantengan la exención del 20 %, pues según el estudio realizado, las compañías de los demás sectores tienen mayor capacidad de adaptación.
La representante del oficialismo, Mafe Carrascal, recordó que la contribución de la energía la pagan los colombianos desde 1992, por lo que considera justo que igualmente la cancelen las grandes empresas.
“Este decreto no solo corrige esta injusticia, sino que incentiva un uso más racional y eficiente de la energía por parte de las compañías, y contribuye a la disminución del déficit del Fondo de Solidaridad”.
Pero el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que “el apetito fiscal de Gustavo Petro es insaciable. No le bastó incumplir la regla fiscal y subir la retención en la fuente, ahora aumenta el costo de la energía”.
Para el Gobierno Nacional, el dinero que se recaude servirá para mitigar el impacto fiscal derivado de los subsidios de energía entregados a los estratos 1, 2 y 3.