Cada año, centrales obreras, representantes empresariales y del gobierno de turno se sientan en una mesa de cuya decisión depende el bienestar económico de miles de familias en el país, pues con base en dichas discusiones se establece el monto mínimo con el que los empleadores deben responderle a sus empleados por el trabajo realizado mes tras mes.
Para este ajuste se toma en cuenta un factor clave, conocido como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -que mide el costo de la canasta básica familiar, es decir los elementos indispensables que requiere una persona para solventar sus diversas necesidades en el día a día-.
Según el IPC reportado por el Dane, en octubre de este año, que indica que se debe aplicar un aumento del 5,51% sobre el salario vigente -es decir $78.436 adicionales- el ajuste al Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) para el próximo año lo ubicaría en los $1.502.000.
Hay que añadir que el IPC es un factor calve en este caso, puesto que el ajuste al salario mínimo debe limitarse, por lo menos, a igualarlo, de manera que los trabajadores puedan conservar su capacidad de compra de bienes de la canasta básica familiar, además de servicios públicos con los cuales vivir.
Sin embargo, este no sería el único aspecto a considerar. También, en la discusión acerca del monto del salario mínimo, se considera el componente de Productividad Total de los Factores (PFT), considerado por entendidos en la materia como un elemento clave en la concertación salarial.
Dicho PTF hace referencia a la eficiencia con la que se utilizan todos los recursos, entre los que están capital, trabajo y materias primas, para generar bienes y servicios.
De concretarse este nuevo monto salarial, también habría un cambio en otros pagos asociados, como los siguientes:
- El auxilio de transporte, que pasaría de $200.000 a aproximadamente $211.020.
- Las multas y sanciones económicas, determinadas por porcentajes del SMLV.
- Los aportes al sistema de seguridad social, calculados con base en el nuevo monto.
- Los subsidios de vivienda, que se fijan tomando como punto de partida el salario mínimo.
Cabe aclarar que esta cifra no es la última, pues el valor definitivo para el próximo año se deberá aprobar en la que se conoce como la Mesa de Concertación Laboral, a finales de este año. Si las negociaciones entre los distintos representantes de la sociedad civil y empresarios no generan frutos, el monto para el 2026 se asignará mediante un decreto presidencial, tal y como ocurrió en el 2025 a través de la firma del presidente Gustavo Petro.