Hasta un 30 % de las pequeñas y medianas empresas del país podría desaparecer como efecto del aumento en los costos laborales asociado a la reducción de la jornada semanal a 42 horas.
La advertencia se conoce a menos de 90 días de la entrada en vigencia de los cambios contemplados en la Ley 2101 de 2021, en medio de un entorno económico que ya ejerce presión sobre la sostenibilidad de las compañías.
De acuerdo con un análisis de Crowe Co Colombia, el ajuste normativo no llega de forma aislada. Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajo en día de descanso obligatorio subirá al 90 %, mientras que a partir del 15 del mismo mes la jornada laboral se reducirá a 42 horas semanales.
Para la firma, más allá de su carácter legal, estas modificaciones implican una transformación en la estructura de costos y en la manera en que las empresas organizan su operación diaria.
¿Qué pasará con el salario?
Aunque este año el salario mínimo registró un incremento del 23,7 %, el punto crítico identificado por Crowe Co Colombia radica en que la reducción de la jornada no permite disminuir el salario mensual ni el valor de la hora ordinaria. Esto genera un aumento automático en el costo por hora trabajada, lo que se traduce en mayores cargas para las empresas en un momento en que los márgenes ya enfrentan presiones por factores externos.
“El punto más delicado está en que la reducción de la jornada laboral no permite disminuir el salario mensual ni el valor de la hora ordinaria, lo que genera un aumento automático en el costo por hora trabajada. Esto produce un ‘efecto tijera’: se paga lo mismo por menos horas”, explicó Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de la firma.
Sin embargo, advirtió que ese no es el único impacto. Estos ajustes laborales amplifican el efecto con el incremento en pagos de horas extra, turnos y recargos, especialmente en actividades que requieren operación continua o extendida. Sectores como comercio, restaurantes, bares, hoteles, vigilancia y transporte enfrentan un impacto más inmediato, al depender de jornadas nocturnas, dominicales o festivas para sostener sus niveles de ingresos y cobertura de servicio.
El contexto macroeconómico, además, intensifica el efecto de estos cambios. La tasa de interés del Banco de la República se ubica en 11,25 %, mientras la inflación anual llegó a 5,56 % en marzo y el interés bancario corriente alcanzó 17,84 % efectivo anual en abril.
“Este entorno encarece el crédito y reduce la capacidad de las empresas para absorber nuevos costos operativos”, agregó la firma.
Las señales de ajuste ya se evidencian en decisiones empresariales. Según un sondeo de Fenalco, el 40 % de las compañías ha reducido operaciones nocturnas, dominicales o festivas, mientras que otro 27 % prevé hacerlo. Además, el 51 % de los empresarios reconoce estar poco o nada preparado para asumir el nuevo paquete de costos laborales.
En paralelo, el 71 % de los empresarios anticipa una reducción del empleo durante el año, lo que muestra que el impacto ya se traduce en decisiones concretas sobre contratación, cobertura y horarios. El cambio ha dejado de ser una discusión normativa para convertirse en un factor determinante en la planeación financiera y operativa de las empresas.
Impacto en empleo, ingresos y sostenibilidad empresarial
La reducción de la jornada laboral también plantea efectos para los trabajadores. Aunque la medida busca mejorar la calidad de vida sin afectar el salario base, podría incidir en los ingresos variables si las empresas optan por reducir horas extra, turnos nocturnos o trabajo en días festivos para proteger su flujo de caja.
“Si una compañía decide recortar horas extra, reducir turnos nocturnos o cerrar antes los domingos y festivos para proteger su caja, parte del impacto también puede sentirse en quienes hoy completan su salario con esos recargos”, advirtió Arbeláez, al señalar que el ajuste podría trasladarse parcialmente al ingreso de los trabajadores.
Este escenario se presenta en un mercado laboral que aún muestra fragilidad, con una tasa de desempleo de 9,2 % y niveles de informalidad de 55,3 %. A esto se suma el aumento proyectado en el costo por hora. Según Anif, este pasará de $7736 en el primer semestre de 2025 a $10.422 en el segundo semestre de 2026, lo que representa un incremento acumulado de 34,7 %.
La vulnerabilidad es mayor en micro y pequeñas empresas, donde una proporción significativa de los trabajadores devenga salario mínimo. En compañías de uno a cinco empleados, el 63 % de la nómina está en ese nivel, mientras que en las de seis a diez trabajadores la proporción alcanza el 58,2 %. Esto implica que cualquier incremento en el costo por hora impacta directamente la estructura de gastos.
Además, el costo total asciende a $2.864.324 mensuales al incluir seguridad social, parafiscales y prestaciones. Este nivel de carga fija limita la capacidad de ajuste de las empresas frente a cambios regulatorios, lo que aumenta el riesgo de afectaciones en su sostenibilidad financiera.
En este contexto, el análisis advierte que la combinación de mayores costos, condiciones financieras restrictivas y menor flexibilidad operativa podría comprometer la viabilidad de una parte importante del tejido empresarial. Dado que las mipymes representan cerca del 98 % del total de empresas y generan alrededor del 80% del empleo, el impacto de estos ajustes trasciende el ámbito empresarial y se proyecta sobre el conjunto de la economía.
A esto se suma la situación del aumento del salario mínimo para 2026, fijado en 23,7 %. No obstante, el Consejo de Estado mantiene suspendido este decreto al considerar que no existen argumentos suficientes que respalden dicha subida.