El presidente Gustavo Petro se dirigió al país en una alocución para explicar qué significa el llamado salario mínimo vital y móvil, un concepto que, según el Ejecutivo, tiene sustento constitucional y busca transformar la forma en que se define el ingreso mínimo en Colombia.
La intervención del Mandatario se da como respuesta al Consejo de Estado por suspender de manera provisional el decreto con el que el Gobierno había fijado su incremento para 2026.
De acuerdo con el Mandatario, un salario mínimo vital es aquel que permite a los trabajadores cubrir las necesidades básicas propias y de sus familias, garantizando condiciones de vida dignas.
A diferencia del modelo tradicional, que se basa principalmente en variables como inflación y productividad, el enfoque vital incorpora criterios más amplios relacionados con el costo real de la canasta familiar y el bienestar social.
El componente “móvil” hace referencia a la posibilidad de que el salario se ajuste de manera flexible frente a cambios en las condiciones económicas. En palabras del Presidente, esto significa que el ingreso mínimo debe poder subir o modificarse si varían factores como los precios, el crecimiento económico o el costo de vida, sin que ello implique una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Durante su intervención, Petro insistió en que este modelo está respaldado por la Constitución, que en sus artículos sobre derechos laborales establece que todo trabajador tiene derecho a una remuneración que le permita tener una vida digna. Desde esta interpretación, el salario no debería ser una cifra rígida, sino una herramienta de política pública para garantizar equidad social y estabilidad económica.
El presidente aclaró que la suspensión no implica necesariamente que el salario vaya a disminuir, sino que debe ser ajustado bajo un nuevo marco técnico. El Ejecutivo anunció que el nuevo decreto mantendrá el enfoque vital y móvil, pero incorporará estudios económicos que sustenten el monto propuesto de acuerdo con los parámetros exigidos por la ley.
El Gobierno también informó que el proceso será discutido en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde participan representantes de los trabajadores, los empresarios y el Estado. El objetivo es llegar a un acuerdo que permita fijar un salario transitorio con respaldo jurídico y técnico.
La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado considerara que el decreto presidencial no cumplía plenamente con los criterios técnicos establecidos en la ley que regula la fijación del salario mínimo en Colombia.
Esta norma exige que el incremento se base en indicadores como la inflación, la productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.