En Colombia, se volvió a intensificar el debate sobre la reforma pensional luego de las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, y del presidente Gustavo Petro en relación con la idea de trasladar a los trabajadores de alto riesgo desde los fondos privados hacia el régimen público.
La preocupación está en que la medida posiblemente implicaría el trasladado de más de nueve billones de pesos en ahorros pensionales, afectando a cerca de 40.000 a 45.000 afiliados, la gran mayoría de ellos vinculados a sectores productivos como minería, bomberos, controladores aéreos y empleos con exposición a radiación o a sustancias químicas.
Es que el argumento del Gobierno Nacional parte del Decreto 2090 de 2003, el cual establece que quienes aspiren a pensiones especiales por alto riesgo deben hacerlo en Colpensiones.
Pero la reactivación de esta disposición jurídica, en medio del año preelectoral, genera suspicacias sobre el verdadero objetivo de la medida: aliviar la presión fiscal y garantizar recursos para el llamado pilar solidario, el programa que busca dar cobertura a más de tres millones de adultos mayores en situación de extrema pobreza.
Por esta razón, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, fue muy claro y contundente al afirmar que el traslado no puede entenderse como una obligación generalizada, sino como una alternativa que cada trabajador debe evaluar según su situación laboral y personal.
“Desde la creación de la Ley 100 de 1993, somos los colombianos quienes decidimos en qué fondo queremos cotizar. Esa es una libertad que nos dan las leyes”, agregó Velasco.
Por eso, el dirigente gremial indicó además que las pensiones en fondos privados se construyen con el ahorro individual y sus rendimientos, mientras que el régimen de alto riesgo en Colpensiones ofrece condiciones especiales: jubilación a los 55 años y con 700 semanas cotizadas bajo una tarifa más alta del 26 por ciento.
“Quienes está cerca de cumplir las 700 semanas con cotización especial son los llamados a que consideren el traslado. No todas las personas que han tenido periodos de alto riesgo ens su empleos van a estar obligadas ni les conviene pasarse”,explicó el presidente de Asofondos.
De acuerdo con las estimaciones de Asofondos, son alrededor de 40.000 trabajadores colombianos con historial de cotizaciones en alto riesgo, aunque no todos cumplirían los requisitos para acogerse al régimen especial. La cifra de nueve billones de pesos que menciona Colpensiones como posible traslado aún no tiene sustento sólido y real.
“No lo tenemos muy claro de dónde lo sacan. El traslado dependerá de cada persona, de su cuenta de ahorro individual y de si efectivamente se pasa al régimen público”, añadió Velasco.
Por este eventual traslado no solo afectaria las finanzas de los cotizantes, sino también las del Estado. Como ilustró el presidente de Asofondos, Colpensiones opera bajo un esquema de reparto simple: las cotizaciones actuales financian las pensiones vigentes, y cualquier movimiento de recursos reduce la presión sobre el Presupuesto de la Nación.
De ahí que el trasfondo económico de la propuesta, que quieren convertirla en realidad, no pasa desapercibido. Colombia enfrenta limitaciones de caja y el Gobierno requiere liberar espacio fiscal para cumplir con la promesa del bono solidario a adultos mayores.
“En la medida en que haya más traslados al régimen de prima media, la necesidad de recursos del presupuesto se reduce considerablemente, y eso abre espacio fiscal. Esos dineros terminan siendo fungibles en el presupuesto general de la Nación”, manifestó Velasco.
A raíz de estos aspectos, el debate adquiere una dimensión política: críticos de la iniciativa la ven como una “expropiación” de ahorros privados, mientras que el Gobierno insiste en que se trata de aplicar una norma que entró a funcionar desde hace dos décadas.
Paso seguido, los expertos en el tema coinciden en que no todos los trabajadores con historial de riesgo están obligados a trasladarse. El punto clave es si cumplen o están cerca de cumplir las 700 semanas de cotización especial, requisito obligatorio para acceder a la pensión anticipada en Colpensiones.
Además, quienes no alcancen esa meta, serían de mayor ventaja permanecer en un fondo privado, donde se conserva la rentabilidad acumulada y existe la opción de recibir devolución de saldos.
Por último, Velasco lo ejemplificó con un caso real: “Un médico expuesto a radiación que cotizó un periodo de diez años con tarifa de alto riesgo puede haber acumulado un capital importante. Si no llega a pensionarse bajo ese sistema, probablemente le conviene quedarse en el fondo privado y pedir la devolución de sus saldos”.