En distintos conjuntos residenciales del país volvió a ponerse sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad que tienen los propietarios de mascotas, en especial de gatos, frente al uso de las zonas comunes.
Aunque es frecuente que se perciba a los felinos como animales independientes y difíciles de controlar, la normativa de propiedad horizontal fija obligaciones concretas para prevenir afectaciones a vecinos y a los espacios compartidos.
Multas a dueños de gatos por dejarlos sin supervisión
El punto de discusión se centra en una práctica muy común en estas unidades habitacionales y es el permitir que los gatos transiten libremente por pasillos, terrazas, jardines y demás áreas comunes sin la supervisión de sus cuidadores. En algunos casos, estos animales ingresan a otros apartamentos, deterioran mallas de protección, dejan desechos o generan incomodidad entre residentes que no conviven con mascotas.
Ante esta incómoda situación, varias administraciones y consejos de copropietarios han optado por reforzar los controles e, incluso, aplicar sanciones económicas.
El sustento jurídico de estas medidas se encuentra en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). En sus artículos 116, 117 y 118 se establecen disposiciones relacionadas con la tenencia responsable de animales en espacios compartidos.
Si bien la norma no prohíbe la presencia de mascotas en conjuntos residenciales, sí determina pautas claras sobre el comportamiento que deben garantizar sus propietarios para evitar conflictos de convivencia. En particular, el artículo 118 señala que los gatos que estén en zonas abiertas al público o en áreas comunes deben ser transportados con elementos adecuados para su manejo, como guacales o collares especiales.
Permitir que un gato deambule sin control en estos espacios no solo puede considerarse una conducta inapropiada desde la perspectiva de la convivencia, sino que también constituye una infracción susceptible de sanción.
Cuando un animal ocasiona daños o representa un riesgo para otros residentes, los afectados pueden presentar una queja ante el consejo de administración. Si no se adoptan correctivos, el caso puede escalar a una denuncia formal ante la Policía Nacional de Colombia.
La legislación faculta a las autoridades para imponer multas que, en 2025, pueden llegar hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, alrededor de 233.452 pesos. Esta sanción aplica cuando se comprueba que el comportamiento del animal, como circular sin supervisión, ha generado perjuicios o incomodidades dentro del conjunto.
Adicionalmente, las propiedades horizontales pueden establecer medidas disciplinarias internas, siempre que hayan sido aprobadas por la asamblea de copropietarios y estén contempladas en el reglamento. Estas sanciones pueden incluir multas adicionales que, según la gravedad del caso, incluso superen los 700.000 pesos.