En un país con altos niveles de desigualdad, como Colombia, el aumento del salario mínimo ha sido una de las principales herramientas de política pública para mejorar los ingresos reales de quienes dependen de esta remuneración.
En estos días, cuando se discute la cifra que regirá el sueldo básico para 2026, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, anunció que el incremento podría definirse en los últimos días de diciembre, tras una negociación compleja en la que las posiciones siguen siendo distantes.
Mientras el sector privado ha propuesto un aumento del 7,1 %, que reconoce la inflación, la productividad y algunos puntos adicionales, las centrales obreras han puesto sobre la mesa una subida del 16 %. Desde el Gobierno, además, se ha anticipado un ajuste por encima de la inflación: el ministro del Interior, Armando Benedetti, sugirió que podría superar el 11 % frente a 2025.
Pero más allá de la cifra final, el salario mínimo cumple una función clave en la economía colombiana: preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.
Desde la teoría económica, el ajuste del sueldo básico mensual debería responder a dos variables fundamentales: la inflación observada al cierre del año y la productividad laboral estimada por el Dane. Bajo este esquema, el incremento suele ubicarse ligeramente por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de que los trabajadores no pierdan capacidad de compra.
Un informe del Banco Popular advierte que existe una estrecha correlación entre la inflación y los aumentos del salario mínimo. En 2023, por ejemplo, el IPC cerró en 9,28 % y la productividad en 1,22 %, pero el salario mínimo aumentó 16 %, muy por encima del 10,61 % que sugería la teoría.
Aunque la inflación descendió a 5,20 % en 2024, en 2025 se consolidó el impacto de dos aumentos consecutivos considerados desproporcionados, lo que introdujo rigidez en gastos como transporte, vivienda y algunos servicios, estancando nuevamente la inflación en niveles elevados.
Desde distintos frentes se ha advertido sobre el riesgo de un incremento desbordado del salario mínimo por el impacto que tendrá en la inflación del año entrante, debido a la indexación de precios, lo que haría que en 2026 Colombia no llegue al rango meta del Banco de la República, de entre 2 % y 4 %, siendo así el sexto año en que incumpliría esa meta.
Para los investigadores de la entidad financiera, el aumento del mínimo se ve limitado por la estructura del mercado laboral colombiano. El 55 % del empleo es informal, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores no reciben directamente los incrementos salariales, pero sí enfrentan el impacto de los mayores precios derivados de la indexación.
De hecho, en 2015 el 73 % de los trabajadores informales ganaba menos de un salario mínimo, cifra que en 2025 aumentó al 78 %. En contraste, en el mercado formal la proporción de personas que ganan menos de un salario mínimo se redujo del 17 % al 15 % en la última década, y cerca del 18,3 % recibe exactamente un salario mínimo.
El problema, subraya el informe, es que ni el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo ni la Ley 278 de 1996 establecen una indexación automática para quienes ganan más o menos de un salario mínimo. En la práctica, los beneficios directos del incremento alcanzan a una fracción limitada de la población, mientras que el resto de los colombianos asume los efectos indirectos a través del aumento de precios.
Un ejemplo claro es el de la vivienda de interés social. En Colombia, el precio de la VIS no puede superar los 135 salarios mínimos y el de la vivienda de interés prioritario (VIP) los 90 salarios mínimos.
Según el Banco Popular, durante el Gobierno de Gustavo Petro se proyecta un incremento acumulado de 48,6 % en el precio de estas viviendas, asumiendo un aumento salarial del 11 % en 2026, una variación significativamente superior a la registrada en gobiernos anteriores. El resultado es que, aunque el salario mínimo sube, el acceso a una vivienda digna se vuelve cada vez más costoso para los hogares de bajos ingresos.
Otro caso es el del transporte público. En Bogotá, TransMilenio ha registrado el mayor incremento tarifario durante el actual Gobierno, impulsado en parte por las fuertes variaciones del salario mínimo.
Para 2026 se prevé un aumento del pasaje del 7,8 %, lo que llevaría el incremento acumulado a $800 durante el cuatrienio, muy por encima de los ajustes observados en administraciones anteriores.
El debate de fondo sigue abierto. Los aumentos del salario mínimo pueden ser una herramienta poderosa para proteger ingresos y combatir la pobreza, pero también pueden convertirse en un factor que alimente la inflación y erosione esos mismos beneficios.
La pregunta que plantea el análisis es inevitable: ¿logran los incrementos significativos del salario mínimo mejorar de forma sostenible el bienestar de los sectores más vulnerables o terminan alimentando un círculo vicioso de precios más altos que dificulta la reducción de la desigualdad en Colombia?