La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, en alianza con la firma Sectorial, presentó ayer un estudio sobre esta industria que dejó evidenciado, una vez más, la crisis del sector salud.
En el documento se manifiesta que esta problemática compromete la sostenibilidad y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y procedimientos para millones de pacientes en el país, como se ha venido viendo en los últimos meses.
Según el informe, la cartera de las empresas afiliadas de Afidro alcanzó los $4,6 billones a finales de 2024. De este valor, el 76 % corresponde a este año, $1 billón era vencida, y más del 3,33 % contabilizaba más de 366 días.
Asimismo, señala que la cartera con los gestores farmacéuticos (farmacias) fue de $3,1 billones, de los cuales el 85,48 % correspondía a tecnologías de la Unidad de Pagos por Capitación, UPC y el 14,52 % a programas de apoyo a pacientes.
Para el primer trimestre de 2025, el panorama que presentó el informe también fue desalentador, pues la cartera de la industria alcanzó los $ 4,3 billones, de los cuales 61,8 % corresponde a deuda corriente, de los servicios prestados en este periodo de tiempo. De esta cartera, $2,7 billones corresponde a los gestores farmacéuticos, lo cual representa más del 60 % de la deuda.
“El mayor peso continúa estando en las tecnologías reconocidas por la UPC con un 83,7 % (38,92 % vencida), mientras que los programas de apoyo a los pacientes corresponden a un 16,4 % (11,65 % vencida). Lo anterior, incrementa la presión financiera sobre la industria. Los días de recuperación de cartera pasaron de 125 días al cierre de 2023 y a 154 días para el primer trimestre de 2025”, señaló Ignacio Gaitán, presidente de Afidro.
Para los autores del informe, uno de los factores estructurales que explica el problema de desfinanciamiento es el insuficiente ajuste del valor de la UPC para 2025. Aunque entre enero y abril se giraron $29,8 billones, 6,29 % más que en el mismo periodo de 2024, “este aumento no refleja de forma adecuada las necesidades ni las dinámicas propias del sistema de salud”.
Félix León Martínez, director del Sistema de Seguridad Social en Salud, Adres, aunque recientemente reconoció que ha habido líos con los proveedores farmacéuticos, dijo que los recursos han fluido. “La Contraloría sacó un informe a comienzos de julio y dijo que este año se han facturado en medicamentos $14,7 billones y se han pagado $13,4 billones, es decir, el 90 %”, dijo.
Igualmente, recordó que la UPC que paga el sistema, lo está haciendo para los servicios de este año y no para pagar deudas anteriores.
Mesas técnicas de la UPC
Desde el pasado 30 de julio se reactivaron las mesas técnicas para fijar el valor de la UPC, que tienen como finalidad analizar su suficiencia de este para garantizar los servicios de salud a los colombianos. A la fecha, en las mesas se han revisado los datos entregados por las EPS al Ministerio de Salud y se están contrastando con otras bases de datos para validar la información.
Según un análisis técnico entregado por Acemi, “los recursos para pagar los servicios de salud han mostrado un deterioro progresivo entre 2021 y 2024. En 2021, el sistema ya registraba un índice superior al equilibrio técnico (100,9 %), pero en 2024 alcanzó el 109,5 %. Esto significa que, solo en el último año, se generó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”.
“El déficit no es un fenómeno aislado. Responde al hecho de que el sistema de salud ha tenido que atender una demanda creciente de servicios sin que los recursos financieros asignados crezcan al mismo ritmo”, señaló el gremio.
Afidro propone...
La creación de mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradoras, prestadores de salud y expertos para hallar soluciones basadas en datos actuales; modernizar la metodología de cálculo de la UP; fortalecer la disponibilidad y claridad de la información financiera para una gestión más eficiente de los recursos y explorar nuevas fuentes de financiación como los bonos de impacto social y la utilización de regalías para la inversión en salud.