Con el hundimiento del proyecto de reforma tributaria con el que se pretendía financiar el presupuesto de 2026, ahora el Gobierno Nacional deberá buscar alternativas que permitan garantizar los recursos.
Según dijo el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, desde ya se están analizando la hoja de ruta que se debe seguir para asegurar el cumplimiento de los objetivos sociales que se trazaron en el Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto del próximo año.
“El Gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias, no vamos a descartar ninguna de las alternativas que deban presentarse”, señaló y recalcó que la ley de financiamiento era la salida más viable para garantizar. El funcionario aseguró que ese articulado era la garantía de la estabilidad macroeconómica para el 2026.
Para el presidente Gustavo Petro, el hundimiento de la ley de financiamiento era predecible. " No es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos mega ricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos", señaló en su cuenta de X.
Para el presidente Petro todas las opciones están sobre la mesa. Por eso, la senadora Angélica Lozano, quien fue una de las encargadas de votar el proyecto de ley de financiamiento, le hizo un llamado al mandatario para que no declare la emergencia económica.
Por su parte, la congresista Angélica Lozano, le respondió al Mandatario diciendo que “el Congreso vota los proyectos a favor o en contra o les hace modificaciones. Acá no hay ningún argumento, por ejemplo, para sustentar una emergencia económica que sería una violación a la Constitución”.
Agregó que “el trámite de un proyecto de ley en el Congreso es completamente previsible, se puede aprobar o se puede negar, como sucedió hoy”.
Con la reforma tributaria el Gobierno buscaba recaudar $16,3 billones para cubrir la parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 que está desfinanciada.
La propuesta necesitaba la aprobación de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, que son las corporaciones encargadas de analizar todos los asuntos económicos del país. Si una sola de estas instancias tumbaba el articulado, el proyecto se daba por hundido y fue la comisión cuarta la que se encargó de enterrarla con 9 votos a favor y 4 en contra.