Una nueva controversia se ha generado con los resultados de la medición del mercado laboral en Colombia, luego de que un estudio de la Universidad de Antioquia identificara diferencias entre las cifras de formalidad laboral reportadas por el Dane y los registros administrativos de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, UGPP. El análisis reabrió la discusión sobre las metodologías utilizadas para calcular el empleo formal y la informalidad en el país.
La investigación, liderada por Edwin Torres Gómez y desarrollada por el grupo de Macroeconomía Aplicada de la universidad bajo el título ¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del Dane versus los registros de pago de seguridad social, encontró discrepancias en la estimación de la generación de empleo y en los niveles de informalidad al comparar los datos oficiales con las afiliaciones al sistema de seguridad social registradas por la UGPP.
Según el informe, mientras los registros de la UGPP muestran una caída de 1,35 % en las afiliaciones hasta febrero de 2026, las cifras del Dane reflejan una reducción de la informalidad hacia niveles cercanos al 55 %, después de haber superado el 56,5 %.
Los investigadores señalaron que el estudio surgió a partir de la aparente desconexión entre el crecimiento económico y la evolución del empleo. Torres explicó que, de acuerdo con la ley de Okun, “una economía que crece poco difícilmente puede generar un aumento tan acelerado del empleo”. Como ejemplo, recordó que el Producto Interno Bruto (PIB) de 2025 creció 2,6 %, mientras la tasa de desempleo descendió de 11,6 % a 8 % en el mismo periodo.
Frente a estas conclusiones, el Dane respondió que las diferencias obedecen a las metodologías empleadas y no a inconsistencias en la información.
En una comunicación enviada a los investigadores, la entidad explicó que los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares se construyen con metodologías armonizadas internacionalmente, siguiendo lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Naciones Unidas, lo que permite la comparabilidad de los datos entre países y a lo largo del tiempo.
“Particularmente, la medición de la informalidad laboral publicada por el Dane se construye a partir de definiciones estadísticas internacionalmente acordadas. Entre otros aspectos, considera a trabajadores independientes vinculados a unidades productivas sin registro mercantil o sin contabilidad estructurada, así como a trabajadores asalariados que no realizan cotizaciones a salud y pensión derivadas de su relación laboral”, explicó la entidad.
Esta no es la primera vez que surgen cuestionamientos sobre las cifras de informalidad. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi ha sido una de las organizaciones que más ha insistido en las diferencias entre los datos del Dane y los registros de la UGPP.
En marzo, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que el número de cotizantes al sistema de protección social se ubicó en 13,35 millones de personas en diciembre de 2025, lo que representó una caída de 1,8 % frente al mismo mes del año anterior y de 0,6 % respecto a noviembre. Según el dirigente gremial, estos resultados contrastan con las cifras de ocupación formal reportadas por el Dane.
A través de su cuenta de X, Mac Master dijo que lleva varios meses “resaltando la inconsistencia entre los datos entregados por el Dane y los datos incluidos en el PILA/UGPP que es el registro oficial de personas trabajando y aportando al sistema de seguridad social. Ahora investigación de la universidad de Antioquia demuestra que en lugar de crear empleos formales se han destruido 170.000″.
Por su parte, la UGPP ha aclarado que los datos de cotizantes obtenidos a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) no son equivalentes a los indicadores de formalidad laboral del Dane, ya que ambas fuentes responden a metodologías, coberturas y objetivos distintos.
El Dane también reiteró que su medición de informalidad incluye a trabajadores independientes vinculados a unidades productivas sin registro mercantil o sin contabilidad organizada, así como a asalariados que no realizan aportes a salud y pensión derivados de una relación laboral.
Además, recordó que los estándares internacionales consideran como ocupadas formales a las personas vinculadas laboralmente al sector público.