Ecopetrol se ha visto envuelta en un escándalo en los últimos días, dada la contratación de la firma estadounidense Covington & Burling LLP, que inicialmente había sido aprobada para una auditoría por casi 900 mil dólares.
Luego de ello, sin autorización de la Junta Directiva ni del Comité de Auditoría, ese acuerdo fue modificado y su valor creció hasta unos 5 millones de dólares, aumento que llamó la atención porque se habría usado para investigar temas sensibles relacionados con la reputación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en medio de cuestionamientos por su papel en la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Como parte de este contrato, se recolectaron equipos electrónicos de decenas de empleados, lo que ha generado sospechas de vigilancia indebida. La Procuraduría abrió una investigación y la junta de Ecopetrol suspendió el contrato mientras evalúa posibles irregularidades.
Por ello, este miércoles 4 de junio, la empresa recibió en sus instalaciones a funcionarios del Ministerio Público, que cumplieron sus funciones de Policía Judicial, investigando los detalles al respecto del contrato.
A través de un comunicado, la petrolera aseguró que durante la diligencia entregó de manera puntual y completa toda la información, documentación y soportes solicitados, abarcando los procesos relacionados con la gestión contractual, documental y digital del contrato mencionado por la Junta Directiva en su comunicado del 29 de mayo.
Esta entrega se realizó directamente a los funcionarios designados, siguiendo rigurosos protocolos que garantizaron la integridad, trazabilidad y confidencialidad de los datos.
“La compañía puso en conocimiento de los delegados los avances de la investigación interna que viene adelantando el área de Tecnología, donde se identificaron patrones de comportamientos anómalos en los sistemas corporativos, asociados a la posible filtración de información confidencial, reservada y privilegiada”, indicó.
Finalmente, Ecopetrol reiteró su disposición absoluta para cooperar con todas las autoridades competentes, como lo son la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.