Tras revisar los 18 decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 0150 de 2026, la Contraloría General de la República considera necesario instar al Ejecutivo a aplicar de manera rigurosa los criterios y alcances establecidos en la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), cuya coordinación y apoyo técnico corresponden a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Dado que el Gobierno ha decretado nuevos impuestos con los que se espera recaudar hasta $8,68 billones, la Contraloría señaló que existe la obligación legal de garantizar su recaudo oportuno y su destinación exclusiva para atender las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal en los ocho departamentos contemplados en el Decreto 0150 de 2026. En este sentido, resaltó la necesidad de fortalecer de manera inmediata la capacidad operativa de la Dian y los mecanismos de control, particularmente en lo relacionado con el impuesto al patrimonio y el gravamen a los juegos de suerte y azar operados por internet.
El ente de control advirtió que el traslado, destinación y uso de estos recursos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 0241 de 2026, deberá ser coordinado por la Ungrd y sustentado en los Planes de Acción Específica (PAE), los cuales deberán ser diseñados e implementados por esta entidad, los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías receptoras, en cumplimiento de los lineamientos de la Ley 1523 de 2012.
Asimismo, la Contraloría señaló que entiende que el Gobierno asignará los recursos requeridos por los departamentos y municipios en emergencia, siempre que estos estén debidamente justificados en sus PAE y respaldados por la información certificada en el Registro Único de Damnificados (RUD).
Frente a la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos, la entidad advirtió posibles impactos en la financiación, ejecución y continuidad de programas y proyectos en curso. Por ello, instó al Gobierno a realizar estos ajustes con el debido rigor técnico y jurídico, definiendo con claridad los mecanismos y tiempos para su reembolso a medida que se consolide el recaudo de los nuevos tributos.
En relación con el traslado excepcional de recursos del sector eléctrico a la Ungrd para la recuperación de infraestructura y el restablecimiento del servicio de energía, la Contraloría invitó a revisar esta decisión, al considerar que dicha entidad no cuenta con la capacidad técnica ni organizacional para asumir la gestión integral de obras de esta complejidad.
De igual forma, advirtió que ampliar facultades de contratación, reorientar recursos o crear nuevos impuestos no será suficiente si las entidades ejecutoras, ministerios, Invías y la propia Ungrd, no fortalecen de manera sustancial su gestión y su capacidad de ejecutar inversiones de forma ágil y eficiente.
De otro lado, en materia ambiental, y en atención a lo dispuesto en el Decreto 0177 de 2026, la Contraloría alertó sobre los riesgos de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen, sin el debido sustento técnico, las reglas de operación de los embalses hidroeléctricos, dado que esto podría generar incumplimientos contractuales, afectaciones tarifarias y pérdida de confianza inversionista en un sector estratégico.
Asimismo, hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de focalización, verificación y depuración de la información en la asignación de apoyos extraordinarios previstos en el Decreto 0245 de 2026, con el fin de evitar errores en la identificación de beneficiarios, duplicidades en las transferencias e inconsistencias en los registros.
Para estructurar su plan de vigilancia y control fiscal, la Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda, a la Ungrd y a las demás entidades involucradas los soportes que sustenten la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones, así como los criterios de distribución de estos recursos entre los distintos sectores.
El organismo reiteró que el país aún tiene el reto de aplicar de manera efectiva los mecanismos de prevención y atención de desastres contemplados en la Ley 1523 de 2012, basados en tres pilares fundamentales: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
En este contexto, la Contraloría señaló que continuará ejerciendo vigilancia y control fiscal de forma preventiva y concomitante, con el fin de proteger el patrimonio público y garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la atención de la emergencia.