La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque en las últimas horas manifestó su apoyo a los 16 funcionarios y contratistas de esa entidad sancionados por la Procuraduría General de la Nación, por las visitas hechas a la Registraduría y a la Cancillería, para indagar sobre la firma Thomas Greg & Sons en 2024.
A través de un mensaje en su cuenta de X, la líder de la SIC, señaló que su falta fue “haber respetado con rigor y alta consciencia ética y jurídica los mandatos constitucionales y legales que desde siempre han regulado las visitas administrativas”.
Asimismo, la funcionaria resaltó que los funcionarios son personas que llevan muchos años en la entidad atendiendo los mismos protocolos y estándares “que han sido avalado por las entidades judiciales. Estamos convencidos de que sus actuaciones se enmarcaron bajo el cumplimiento del marco legal que rige en Colombia”.
En su mensaje, Rusinque recalcó que recibieron con sorpresa esta sanción, que no solamente es de tipo disciplinario, sino de inhabilidades para algunos de los funcionarios que van desde la imposibilidad de trabajar en el Estado por cinco años, hasta sanciones pecuniarias que alcanzan un monto de $130 millones.
“A nuestro juicio esta es una decisión arbitraria para funcionarios y contratistas que simplemente estaban cumpliendo con su función legal y constitucional”, agregó Rusinque y advirtió a demás que los sancionados ejercerá su derecho a la defensa, por lo que la SIC confía que en una segunda instancia la Procuraduría “revalore esta decisión y opte por archivar esta investigación”.
Antecedentes de la sanción
La Procuraduría General de la Nación sancionó, en fallo de primera instancia, a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por presuntas irregularidades ocurridas en marzo de 2024, durante inspecciones realizadas a la Registraduría y a la Cancillería.
Según el organismo de control, en esas diligencias se accedió y extrajo información tanto de equipos institucionales como de dispositivos personales, en medio de indagaciones relacionadas con los procesos contractuales de la firma Thomas Greg & Sons.
En un documento de 215 páginas, el Ministerio Público detalló cómo los implicados solicitaron acceso a computadores asignados y a teléfonos móviles de directivos y empleados en ambas entidades, de acuerdo con lo revelado por Blu Radio.
La investigación disciplinaria concluyó que la recolección de información, cuyo propósito inicial era verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica, terminó desbordando los límites legales y el alcance de la averiguación preliminar, lo que derivó en múltiples quejas por una posible vulneración de derechos fundamentales.
Asimismo, el ente de control indicó que, en las instalaciones de la Registraduría, los funcionarios realizaron copias de seguridad y aplicaron procedimientos técnicos conocidos como “espejos forenses” sobre equipos que contenían información altamente sensible.
Entre los datos extraídos de manera masiva, se identificaron registros del censo electoral, historiales clínicos privados y otros documentos protegidos por reserva legal, que no tenían relación con los procesos contractuales bajo investigación.
En su momento, la SIC, defendió las inspecciones adelantadas por sus funcionarios, al asegurar que estas actuaciones se sustentan en el marco legal y constitucional.
“Se seguirán desarrollando para el cumplimiento cabal de nuestras funciones en beneficio del interés general de los colombianos y colombianas”, señaló la Superintendente en su cuenta de X.
El fallo disciplinario ordenó medidas severas contra los responsables de las visitas administrativas, recayendo la principal sanción sobre el entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez.
A este exdirectivo de la Superintendencia se le impuso una suspensión y una inhabilidad por un término exacto de 12 meses. Entre tanto, a varios de los contratistas participantes del operativo se les castigó con el cobro de multas económicas y una inhabilidad absoluta para firmar contratos con el Estado, por un periodo de cinco años.