A partir de 2026, los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia enfrentarán importantes ajustes en sus condiciones laborales, como consecuencia de las modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo y de la aplicación progresiva de la reducción de la jornada laboral.
Dichas medidas buscan unificar criterios sobre las horas máximas de trabajo, el reconocimiento de las horas extras y el pago de recargos, especialmente en turnos nocturnos.
Estos cambios se dan en el marco de la Ley 2101 de 2021, norma que estableció la disminución gradual de la jornada laboral semanal sin afectar el salario de los trabajadores.
Desde su implementación, el número de horas ha venido reduciéndose de forma progresiva, pasando de 48 a 46 horas y luego a 44 en 2025. Para 2026, el límite máximo será de 42 horas semanales, un tope que también cobijará a los vigilantes.
Aunque este grupo de trabajadores cuenta con un régimen especial regulado por la Ley 1920 de 2018, conocida como la “ley del vigilante”, las disposiciones generales en materia laboral también les resultan aplicables, ya que dicha norma, permite que los vigilantes laboren turnos de hasta 12 horas diarias, lo que puede traducirse en jornadas semanales de hasta 60 horas, dadas las particularidades de sus funciones de seguridad, control y protección.
Sin embargo, las autoridades laborales han aclarado que, pese a este régimen especial, los vigilantes están sujetos a la jornada ordinaria diaria de ocho horas. Lo que significa que, todo tiempo laborado que exceda ese límite debe ser reconocido como hora extra y remunerado conforme a la ley, sin importar que el turno habitual sea de 12 horas.
De esta forma, en una jornada extendida, las primeras ocho horas se consideran ordinarias, mientras que las restantes deben pagarse como trabajo suplementario.
Otro punto clave de los cambios para 2026 tiene que ver con el reconocimiento de los recargos nocturnos. Desde el 25 de diciembre del año anterior, el horario nocturno en Colombia inicia a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m., como ocurría anteriormente. Esto implica que las horas trabajadas a partir de esa franja deben pagarse con un recargo del 35 % sobre el valor de la hora ordinaria.
En la práctica, si un vigilante cumple un turno de 12 horas diarias, cuatro de ellas deberán ser pagadas como horas extras, aplicando los recargos correspondientes según el horario en el que se preste el servicio.
Para las empresas de seguridad privada, estos cambios representan un reto en términos de costos laborales y organización de turnos. Algunas compañías ya analizan estrategias para ajustar sus esquemas operativos y cumplir con la ley, mientras garantizan la continuidad del servicio.