Un nuevo llamado le hizo la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) al presidente Gustavo Petro en medio del debate por un eventual control al precio de la vivienda de interés social (VIS).
En seis puntos, y respondiendo a una publicación del Mandatario en X, la organización gremial insistió en que la medida que está adoptando el Gobierno Nacional podría generar efectos adversos sobre la oferta de vivienda, el acceso a subsidios y la viabilidad de nuevos proyectos.
“Imponer control de precios a la VIS busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del salario mínimo. El control de precios no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario”, indicó Camacol.
Con datos en mano, la entidad detalló que, bajo la administración Petro, el precio máximo de la VIS aumentó 76 %, “casi tres veces más que en gobiernos anteriores”.
Adicionalmente, se refirió al aumento del salario mínimo, el cual impacta la mano de obra directa y el precio de los materiales de construcción. Este panorama obligaría a que los nuevos proyectos lleguen a subir entre 10 % y 15 %, no 3 % como lo aseguró el Jefe de Estado.
“Nadie ha dicho que el salario mínimo encarezca automáticamente en un 23 % lo ya vendido. El riesgo es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada”, sostuvo la organización.
Ahora bien, sobre el proyecto de decreto de control de precios, Camacol aseveró que es una situación grave que genera inseguridad jurídica y, por consiguiente, afecta decisiones de inversión.
“Obligar a fijar el precio en pesos desde la separación y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración es control de precios, aunque se le intente dar otro nombre”, precisó.
A renglón seguido, aclaró que no es ilegal vender en salarios mínimos, pues recordó que la ley permite precios ciertos o determinables, y los topes VIS en SMLMV están definidos en su propio Plan Nacional de Desarrollo.
“Tope no es igual a precio. Prueba de ello es que más del 60 % de la VIS se vende por debajo del tope”, indicó, al tiempo que trajo a colación la polémica suspensión del programa Mi Casa Ya.
“En los últimos años, 55.000 hogares desistieron de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedaron en el limbo tras la suspensión de Mi Casa Ya. Estas decisiones no protegen a las familias: las expulsan del mercado formal de vivienda”, precisó.
Concluyendo su mensaje, Camacol hizo un llamado para que primen las decisiones legales, técnicas y responsables “que garanticen acceso real y sostenible a la vivienda, en lugar de medidas que reducen la oferta y profundizan la exclusión”.