A pocas horas de que se realice la reunión clave entre el Gobierno, los gremios y las centrales obreras para definir el rumbo del salario mínimo tras la suspensión provisional del decreto vigente, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) volvió a pronunciarse.
Esta vez, su presidente, Bruce Mac Master, advirtió que desmontar el incremento ya decretado sería “delicado”, pero avanzar hacia un nuevo aumento sería, en sus palabras, “doblemente irresponsable”.
El encuentro está programado para este lunes a las 11 de la mañana en el Ministerio del Trabajo. Allí se sentarán representantes del Gobierno, empresarios, entre ellos Fenalco, la Andi y las centrales obreras, para discutir la expedición de un nuevo decreto transitorio que ajuste el incremento del salario mínimo para 2026.
En ese contexto, Mac Master señaló que la discusión debe partir de un hecho consumado: el aumento ya rige y ha generado efectos concretos en millones de trabajadores.
“Estamos en una situación inédita. Ya hay unos hechos cumplidos que son muy importantes, que inclusive en nuestra opinión generan unos derechos importantes de los trabajadores que no deberían ser tocados”, afirmó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.
Como se mencionó anteriormente, el dirigente gremial reconoció que el incremento tuvo costos económicos significativos, pero subrayó que revertirlo implicaría un impacto social complejo. Según explicó, cerca de 2,45 millones de familias han ajustado su planificación financiera con base en el nuevo ingreso.
“Sería muy difícil usted llegar a decirle en este momento a una persona que ya planificó su vida, que ya cuenta con eso (…) ‘no, sabe que ya no tiene sus ingresos’. Eso es muy complejo desde el punto de vista de la relación entre empleadores y trabajadores”, sostuvo.
No obstante, también alertó sobre los efectos macroeconómicos que, a su juicio, ya se están evidenciando. “Efectivamente, la inflación se va a golpear, se está golpeando. Efectivamente, el empleo se va a golpear, se está viendo en términos de mayor informalidad y desempleo”, afirmó. Recordó además que en Colombia existen más de 11 millones de personas que perciben menos de un salario mínimo, por lo que un aumento elevado puede tener repercusiones indirectas sobre quienes están fuera del mercado formal.
Cabe señalar que el debate no solo gira en torno a la suspensión del decreto, sino también a la posibilidad de impulsar nuevos incrementos para alcanzar el denominado “mínimo vital”, estimado en una cifra superior a la actualmente vigente.
Frente a ese escenario, Mac Master fue enfático en que avanzar en esa dirección profundizaría las presiones inflacionarias y ampliaría la informalidad.
El presidente de la Andi también marcó distancia frente a otros gremios que optaron por demandar el decreto. Señaló que, aunque entiende las preocupaciones por el impacto económico, una vez expedida la norma y con millones de personas recibiendo el nuevo salario, modificarlo abruptamente no sería conveniente para la estabilidad institucional.
Reacciones de Fenalco y CUT
Frente a las declaraciones de Bruce Mac Master, otros gremios se pronunciaron, entre ellos, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien tomó distancia del respaldo que algunos sectores productivos han dado a la cifra y advirtió que la mayoría del tejido empresarial no está en capacidad de asumir ese nivel de aumento.
En entrevista radial, sostuvo que aunque la gran industria podría absorber el costo, la situación es distinta para micro, pequeñas y medianas empresas.
Al referirse a las declaraciones de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien se mostró de acuerdo con mantener el 23,7 %, Cabal afirmó: “Yo entiendo la posición de Bruce, no la comparto, porque él obviamente sabe que la gran industria puede pagar ese salario o se acomodó a pagar ese salario”.
Según el dirigente, el país “no es de grandes empresas, es de microempresas y pequeñas”, que representan el 93 % del tejido empresarial y que, a su juicio, podrían verse forzadas a reducir personal, subir precios o incluso cerrar.
Cabal insistió en que el incremento obedeció a criterios políticos y no económicos. “El gobierno tiene que explicar los factores económicos que nunca los explicó, de dónde se sacó de la manga ese 23.7 %. Un salario político, no fue un salario económico”, afirmó.
También alertó sobre efectos en el empleo formal y el costo de vida, señalando que el impacto no se limita a quienes devengan el mínimo, sino que se traslada a tarifas, servicios y precios que afectan a millones de colombianos.
En contraste, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, ratificó el respaldo sindical al incremento y celebró que, aunque por razones distintas, la Andi coincida en mantener la cifra.
Arias explicó que si bien inicialmente las centrales obreras propusieron un aumento del 16 %, el porcentaje final se sustentó en estudios sobre la brecha del salario vital. “El Gobierno profundizó en ella y por eso nosotros la estamos respaldando. De pronto fuimos muy conservadores y la propusimos demasiado lenta”, admitió.
Frente a la suspensión del decreto, Arias aseguró que el movimiento sindical “cerrará filas” para evitar que el nuevo acto administrativo reduzca el monto fijado. Además, confirmó que las movilizaciones convocadas para este jueves siguen en pie.
“Preferimos entonces movilizarnos, aceptar obviamente la invitación que también está haciendo el presidente de la República”, señaló, al defender el aumento como una medida de “justicia social” para trabajadores y pensionados.