El esquema de asignación de ayudas estatales en la capital del país se prepara para una transformación estructural. Con el objetivo de optimizar la distribución de los recursos públicos y garantizar que los subsidios lleguen a las familias más necesitadas, la administración distrital pondrá en marcha un nuevo modelo de medición socioeconómica que dejará en un segundo plano las tradicionales encuestas domiciliarias.
A partir del 1 de julio de 2026, Bogotá iniciará de manera formal la transición del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Este nuevo instrumento técnico, respaldado por el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), se convertirá en la única herramienta oficial para la focalización de las políticas, proyectos y servicios sociales en el territorio nacional.
La gran innovación del RUI radica en que su base metodológica no dependerá exclusivamente de la información autodeclarada por los ciudadanos en las encuestas, un sistema que solía presentar limitaciones en la veracidad del panorama económico.
En su lugar, el modelo se alimentará activamente de los registros administrativos de 47 entidades del Estado. Entre los organismos vinculados destacan la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Educación.
De acuerdo con las especificaciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Secretaría Distrital de Planeación, el sistema cruzará la información para estimar el ingreso per cápita de cada hogar mediante tres fuentes principales:
- Ingreso observado: datos precisos sobre aportes al Sistema General de Seguridad Social, retenciones en la fuente, declaraciones de renta y demás registros de ingresos formales.
- Registros administrativos: información de diversas bases estatales que reflejen las condiciones socioeconómicas del hogar cuando no existan datos directos de ingresos.
- Información autodeclarada: encuestas nacionales (como la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE) o declaraciones directas que solo se usarán en caso de que las dos fuentes previas sean inexistentes.
El RUI medirá los ingresos reales del hogar y no el valor comercial o catastral de los predios. Así, un ciudadano que posea una parcela rural de bajo rendimiento mantendrá su clasificación de bajos ingresos si sus entradas monetarias mensuales así lo demuestran.
Frente a este nuevo panorama, la secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque Mejía, aclaró en el Concejo de Bogotá que el RUI no determinará de forma autónoma quién entra o sale de los programas sociales, puesto que dicha decisión seguirá bajo la estricta competencia de las entidades operadoras de cada subsidio.
El proceso de empalme e implementación del nuevo sistema tendrá una duración de dos años, periodo en el cual el Sisbén continuará vigente como fuente de referencia para asegurar que ningún beneficiario pierda sus ayudas de forma automática mientras se ajustan las metodologías.
Durante los debates de control político, el concejal Óscar Ramírez Vahos advirtió sobre la magnitud de estos movimientos socioeconómicos, solicitando un acompañamiento riguroso y presupuestal para blindar a las comunidades vulnerables frente a las variaciones de la nueva plataforma.