Las noticias que vienen del Gobierno Nacional sobre el sistema de salud no parecen aclarar el panorama que hoy enfrentan los colombianos alrededor de la prestación del servicio.
Alrededor de 22 millones de personas tanto en el régimen contributivo como subsidiado están afiliadas a una EPS intervenida o con algún proceso pendiente con la Superintendencia de Salud.
En 2025 se instauraron un poco más de 2 millones de quejas por la falta de atención oportuna, cifra 27 % superior a la del 2024. Las tutelas también aumentaron, más de 300.000 se instauraron en 2025 y las EPS entran en desacato todos los días.
El gasto de bolsillo en salud de los colombianos (lo que pagan por algún servicio o medicamento) viene en aumento. De acuerdo con cálculos de Proesa, en 2022 este gasto era de $958.117 mensual por año y en 2024 ascendió a $1.069.661. De igual forma, el 38 % de los hogares colombianos reportaron en 2024 gastos de bolsillo en salud, lo que incluye consultas, medicamentos y transporte, en 2022 el dato fue de 32 %.
Las deudas de las EPS, según el más reciente dato de la Contraloría General de la República, ascienden a $32,9 billones.
Ahora, la nueva medida que planteó el presidente Gustavo Petro es la liquidación de las EPS en problemas y concentrar la atención, posiblemente, en la Nueva EPS, que está intervenida y que, igualmente, presenta serias dificultades de sostenibilidad para atender a sus 11 millones de afiliados.
Eliminar o no las EPS
El Gobierno no es claro aún sobre cómo se procederá si se liquidan las EPS con más problemas para funcionar. Hay ocho de estas con medidas de intervención, entre las que se cuenta la Nueva ESP.
Frente a esto hay varias alertas; Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, considera que no es cierto que las EPS han desangrado el sistema como lo ha repetido el presidente Petro. “La intervención del Gobierno Nacional lo que ha hecho es deteriorar la situación de las finanzas de las EPS, a tal punto que han llegado a tener una pérdida patrimonial de $15,8 billones (a noviembre del 2025), sin contar los balances financieros de la Nueva EPS que se desconocen desde septiembre de 2023”.
Para el analista, el sistema de salud está desfinanciado fundamentalmente porque no se ha hecho y no se ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional ni con las recomendaciones de diferentes agentes del sistema.
El Gobierno Nacional incrementó para 2026 la Unidad de Pago por Capitación, UPC, (dinero que paga por cada afiliado) en 16,49 % para el régimen subsidiado y en 9,03 % para el contributivo. Pero el sector esperaba que los aumentos fueran de 15 % y 17 %, respectivamente.
Según análisis de Así Vamos en Salud, esto significa que el régimen contributivo inició el año con insuficiencia de recursos entre $2,7 billones y $3,1 billones.
Esto pese a que el gasto proyectado por la Nación en salud para 2026 suma $110 billones, pero de ahí solo para cubrir los presupuestos máximos se destinará $1 billón (En 2025 fueron $4,2 billones). Esto se refiere al pago de medicamentos, tecnologías y servicios no incluidos en la UPC.
Frente a la posibilidad de liquidar más EPS y concentrar la atención en unas pocas Augusto Galán considera que se deben tener en cuenta varios aspectos para tomar esa decisión.
“Llegar al extremo de consolidarlas en una o dos sería un error, porque el riesgo se vuelve muy grande. Si colapsa una EPS que tenga 25 millones de afiliados, sería un riesgo muy significativo para un sistema de salud. Y si se estatiza, peor, porque el Estado, por lo menos en el caso colombiano, no ha demostrado eficiencia para el manejo de los recursos ni para la atención en salud”.
Por ejemplo, destacó que entre 10 y 15 EPS bien distribuidas podría ser un número y bastante equilibrado y eficiente para el manejo de la población colombiana. “Creo que lo más importante es lo que denominamos la gestión integral de riesgos en salud (lo financiero, operativo y técnico). Lo de menos es si son EPS o gestoras, lo importante es cuál es la función ante el paciente que deben cumplir”.
Al respecto, desde Acemi, gremio que agrupa a las EPS, afirmaron que liquidar más entidades sin un plan concreto pone en riesgo la atención de millones de pacientes que, además, podrían ser trasladados a la Nueva EPS, “que no cuenta con capacidad financiera ni operativa para un aumento de su población afiliada”.
Recordaron que las medidas de intervención para administrar que ordena la Supersalud son un mecanismo para el rescate de las entidades y la protección de los usuarios. “En el caso de las 8 EPS intervenidas por este gobierno, los indicadores financieros y de atención, dan cuenta de un mayor deterioro patrimonial y operativo durante el periodo de intervención, es decir no han conseguido el salvamento, han empujado al sistema a una crisis sin precedentes”, señaló Ana María Vesgas, presidente del gremio.
Para la ejecutiva, el movimiento que quiere hacer el Presidente tendría como objetivo aumentar la población de la Nueva EPS, “una entidad que no tiene estados financieros, de la cual no se conoce su realidad operativa y financiera. Esto es jugar con la vida de los colombianos”.
Victoria Soto, directora del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, Proesa, de la Icesi, también planteó varias dudas sobre la propuesta del Gobierno, sobre todo por el impacto para los pacientes.
“Hay una tesis doctoral que mostró, para el caso colombiano, que cuando una EPS se deteriora, no todos sus afiliados reaccionan igual: las personas más sanas suelen cambiarse más fácilmente a otras EPS, mientras que quienes tienen enfermedades crónicas o condiciones más complejas enfrentan mayores dificultades para hacerlo y tienden a quedarse. Esto hace que la EPS acumule una población más enferma y costosa, lo que agrava su crisis”, comentó
Y agrega que si luego se decide liquidarla, muchos afiliados serían trasladados automáticamente, sin una elección informada, lo que puede generar interrupciones en tratamientos, pérdida de médicos tratantes y dificultades para continuar su atención.
“Además, las EPS que reciben estos pacientes pueden no estar preparadas para atenderlos adecuadamente, lo que puede trasladar y amplificar el problema en el sistema, afectando especialmente a los más vulnerables, es decir, los enfermos”, agregó.
Esta misma duda la expresó Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “si solo consideramos a las EPS que hoy están intervenidas para administrar, eso sin tener en cuenta a la Nueva EPS, se verían afectados 11,8 millones de afiliados. Sin embargo, si el criterio para elegir las EPS a liquidar es diferente, la magnitud del problema podría ser mayor”, indicó el líder gremial.
Agregó que un traslado de millones de personas pone en riesgo al sistema en muchos frentes. “Habría ruptura en la continuidad de la atención. En pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas, diálisis, VIH, entre otras, se rompería la trazabilidad. Pero también habría impacto en las EPS receptoras por una pérdida de su capacidad operativa”.
Posibles salidas
Un análisis realizado por Anghella Rosero y Camilo Arias, economistas de Proesa, plantea que más que insistir en el dilema de “EPS sí o no”, el próximo gobierno debería concentrarse en restablecer la confianza en la institucionalidad del sistema, saldar deudas acumuladas y asegurar un flujo financiero estable que garantice la sostenibilidad de EPS, hospitales y clínicas.
El informe también establece que se deberá fortalecer el ajuste por riesgo (la UPC), al tiempo que se recomienda robustecer la regulación y la supervisión.
“Un desafío central será resolver el acceso en zonas rurales de baja densidad poblacional, donde la competencia regulada enfrenta limitaciones estructurales y se requieren mecanismos alternativos o complementarios. La experiencia histórica muestra que esquemas como el antiguo Sistema Nacional de Salud lograron resolver parcialmente la prestación en regiones remotas y vulnerables, mientras que el modelo de aseguramiento actual ha demostrado una mayor capacidad operativa en contextos urbanos con escalas de mercado suficientes”, indicaron.
Esta heterogeneidad territorial y epidemiológica, destacaron en el informe, sugiere que el debate no debería centrarse en la dicotomía entre eliminar o preservar las EPS, sino en diseñar arreglos institucionales que reconozcan la diversidad de contextos, mediante instrumentos diferenciados de financiamiento, provisión y gestión del riesgo.
“Desde la academia han surgido propuestas plausibles en favor de esquemas híbridos que combinen competencia regulada con mecanismos públicos directos en territorios donde el mercado no funciona adecuadamente. El próximo Gobierno deberá corregir los errores acumulados, recuperar la credibilidad de las reglas de juego del sistema y asegurar el cumplimiento de los prerrequisitos técnicos e institucionales de un sistema bien diseñado —con o sin EPS—. Solo así será posible garantizar la calidad, equidad, eficiencia y sostenibilidad en el sistema de salud”, concluyeron.
El director de Así vamos en Salud cree que el futuro puede ser muy esperanzador en la medida en que cambie un liderazgo “errado que hemos tenido en los últimos cuatro años”.
Para él, ese liderazgo debe venir de Presidencia, Ministerio de Salud y debe estar basado en la evidencia para convocar a todos los agentes del sistema.
“Si eso no es así, pues el riesgo de que continuemos por el camino que este gobierno nos ha llevado es demasiado grande y demasiado tormentoso”.