Con investigaciones abiertas por corrupción, cuestionamientos disciplinarios y apellidos que arrastran décadas en el poder regional, son muchos los candidatos al Congreso de la República que buscan heredar una curul en estas elecciones.
Desde demandas por acoso sexual, compra de votos y enormes entramados, hasta apadrinados de importantes clanes políticos, los partidos no han escatimado en repartir avales para garantizar su representación en el Legislativo 2026 - 2030.
Indiscutiblemente, el mayor peso que cargarán ciertos aspirantes a la Cámara y el Senado es el haber aparecido entre los señalados por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, uno de los entramados de corrupción más grandes en la historia reciente de Colombia.
Ellos son Berenice Bedoya, senadora del Partido ASI; Julio Elías Chagüi, senador de la U; Wadith Manzur, representante a la Cámara conservador, y Martha Peralta, senadora de Mais.
Bedoya, que quiere ser reelegida en el Senado, es la presidenta de ASI y fue acusada por presuntas gestiones ante la Ungrd relacionadas con el direccionamiento de proyectos de infraestructura.
Su colectividad se sumó a la candidatura presidencial del exministro Mauricio Lizcano.
Por su lado, Chagüi, que también quiere repetir como senador, fue mencionado en la audiencia de imputación de los exministros de Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Según Olmedo López, a través de él se canalizaba la compra del apoyo en la Comisión Primera del Senado.
Manzur, quien aspira al Senado, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por posibles presiones para asignar un contrato de cerca de $ 50.000 millones para obras en el municipio de Cotorra, en Córdoba.
El representante a la Cámara ‘azul’ ha pedido celeridad en el proceso que lo vincula y ha dicho sentirse tranquilo.
La candidata al Senado Martha Peralta fue señalada por la Fiscalía de haber influido en el direccionamiento de un contrato por $ 2170 millones para la contratación de maquinaria amarilla en La Guajira.
Aunque para la actual legislatura ella fue elegida a través de la coalición del Pacto Histórico, aspira a la reelección por la lista del movimiento Mais.
Los cuatro congresistas mencionados, entre otros, tienen una demanda de pérdida de investidura en su contra ante el Consejo de Estado.
Otro candidato que está envuelto en la polémica es el aspirante al Senado por el partido Fuerza Ciudadana Alexánder Angulo, quien fue acusado por Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd, de ser cercano a los encarcelados Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La controversia del ASI
Como si no fueran suficientes los procesos abiertos en el entramado de la Ungrd contra la presidenta del ASI, Bedoya, tres candidatos de esa colectividad también están siendo investigados por posibles malos manejos en la Unidad de Víctimas.
Se trata del senador Gustavo Moreno, quien en el pasado militó en el partido En Marcha, de Juan Fernando Cristo, y hoy es vinculado a un presunto carrusel de contratación en la entidad.
También estarían involucrados el senador y candidato Jairo Castellanos, cuyo esquema de seguridad sufrió un brutal atentado esta semana, y Erwin Jiménez, candidato a la Cámara.
Según medios de comunicación, ellos tres serían los ‘poderosos’ detrás de la contratación en la Unidad de Víctimas.
Los clanes
A la antigua usanza, los tarjetones del 8 de marzo tendrán algunos apellidos conocidos en el país como Char, Gnecco y Besaile, que quieren seguir participando de la política del país.
Algunos de los nombres promovidos por los Char que tendrían más opciones son los exconcejales Samir Radi y Estefanel Gutiérrez, el exdiputado Welfran Mendoza y el conocido influencer Andrés Felipe Camargo, o ‘Felipe Saruma’.
Uno de los candidatos ‘protegidos’ de esa familia sería César Lorduy, el exmagistrado del CNE que aspira al Senado por Cambio Radical y que fue denunciado por la representante Íngrid Aguirre, porque le habría pedido $ 500 millones a cambio de no anular la candidatura de una de sus aliadas, insinuándole en tono sexual: “Tú puedes pagarme con tu cuerpo”.
Los Gnecco tampoco se quedaron sin candidato, ya que Alfredo Gnecco, hijo de Lucas Gnecco, fallecido exgobernador del Cesar y condenado por irregularidades en contratos, y sobrino de Jorge Gnecco, señalado por Mancuso de tener vínculos con el paramilitarismo, se lanzó al Senado por la U.
No se quedarán atrás los Besaile, que relanzaron a su hermano Jhony al Senado también por la U, así como a la esposa de Musa, Milena Flórez, que aspira a esa misma corporación por el partido de Roy Barreras, en la coalición del Frente Amplio.
Más y más candidatos cuestionados
Sin importar el color político de los partidos, los cuestionamientos y los procesos rondan a más políticos que buscan ocupar una curul en el Congreso.
Alex Flórez, actual senador del Pacto Histórico, busca reelegirse y es investigado en la Corte Suprema por presunta violencia intrafamiliar agravada entre 2020 y 2021, al parecer, porque su entonces pareja se negó a suspender su embarazo. Además, en 2022 cuando ya era congresista, agredió a un policía en Cartagena mientras estaba borracho.
También senador por el Pacto, David Racero está siendo investigado por el posible uso irregular de sus trabajadores en un fruver, su negocio personal, y por supuestamente ejercer presiones para que le hicieran pagos de montos de sus salarios.
El destituido e inhabilitado alcalde de Neiva Gorky Muñoz, fue imputado por irregularidades en la contratación durante su administración, se lanzó al Senado por el Frente Amplio Unitario. Antes militó en el Partido Liberal y Cambio Radical.
La derecha colombiana no se salva tampoco. En la lista al Senado por el Centro Democrático está José Vicente Carreño, investigado por la desaparición forzada de Alejandro Santiesteban en el municipio de Tame, Arauca, cuando era policía.
¿Por qué los siguen eligiendo?
Sin importar las investigaciones o las polémicas que tengan encima, por muy escandalosas que sean, no se puede negar que los ciudadanos siguen votando por esos cuestionados políticos.
Pero, ¿por qué siguen funcionando las maquinarias políticas y qué responsabilidad tienen los partidos en avalar a esas personas?
“Este fenómeno no puede explicarse como simple ignorancia del elector. Es el resultado de una convergencia de fallas estructurales: desigualdad, clientelismo, debilidad institucional, pobreza cognitiva del debate público y captura del conocimiento democrático”, analiza Néstor Raúl Quiroz, profesor e investigador universitario.
En su opinión, uno de los factores que explica por qué esos políticos siguen teniendo el apoyo ciudadano es el clientelismo.
“En algunas regiones de Colombia, el acceso a bienes básicos como empleo, salud, contratos y seguridad está mediado por redes políticas locales. Los aspirantes investigados o herederos de clanes conservan poder porque distribuyen recursos y garantizan soluciones inmediatas donde el Estado y la gobernabilidad son débiles e inexistentes”, indica.
De acuerdo con él, la politóloga y analista Nury Gómez, anota que algunas de las razones por las que se da ese comportamiento tienen que ver con las ‘herencias’ en el poder y los intentos de los electores por justificar señalamientos.
“La política como herencia funciona como una ‘marca registrada’. El apellido es como una red, ya que tiene maquinaria electoral, recursos económicos, estructuras clientelares y conexiones con el Estado. Además, la frase exculpatoria de ‘sí, roba, pero hace’, se da cuando alguien simpatiza ideológicamente con un candidato, por lo que cualquier denuncia puede interpretarse como una persecución política”, menciona.
Fuentes consultadas recuerdan que, por ejemplo, este último recurso ha sido frecuentemente usado por el presidente Gustavo Petro, aunque es una estrategia de común denominador, ya que se justifican las salidas en falso con la narrativa de que sectores opuestos a ellos buscan atropellar las gestiones.
“Los clanes tienen operadores territoriales, control de estructuras locales, capacidad de movilización y redes de favores”, advierte Gómez.
Los analistas coinciden en que la ciudadanía ha empezado a normalizar que los políticos o dirigentes tengan investigaciones sin resolverse, lo que genera una adaptación moral. “Si todos son investigados, deja de ser un diferencial”, comenta.
“En Colombia, los procesos judiciales contra políticos son percibidos como ‘parte del juego’, no como un límite ético. Esta lógica erosiona la idea misma de responsabilidad pública y permite que el poder se reproduzca incluso bajo sospecha permanente”, señala Quiroz.
Sobre la responsabilidad de los partidos al respaldar a personas cuestionadas, el docente indica que el aval se convierte en una transacción instrumental en la que las colectividades “no evalúan la idoneidad ética o jurídica del candidato, sino su capacidad de ganar elecciones, movilizar votos y financiar campañas”.
“Desde una mirada crítica, el aval deja de ser un acto de validación política para convertirse en un acto técnico-administrativo, desvinculado del juicio moral y del conocimiento público”, agrega.
Y finaliza en que “mientras la política siga operando bajo esas lógicas, los aspirantes cuestionados seguirán siendo elegidos, no por legitimidad ética, sino por funcionalidad dentro de un sistema que ha normalizado la excepción como regla”.