El panorama para la construcción de vivienda atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Luego de enfrentar, durante este gobierno, una política que ha afectado su desarrollo, ahora se enfrenta a una nueva amenaza, lo que los expertos del sector consideran que es un control de precios.
El sector vivienda ha sido uno de los grandes golpeados por el Gobierno de Gustavo Petro, en especial por la política en materia de subsidios que obstaculizó programas muy exitosos en el pasado como ‘Mi casa ya’.
Ahora, con el aumento del salario mínimo en más de 23% (la construcción es uno de los sectores que tiene un mayor número de personas que ganan este salario) y la política de ‘control de precios’, que ha puesto en marcha el Gobierno, el panorama no parece muy alentador.
Desde 2023, al año de la llegada de Petro al poder, las cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ya empezaban a mostrar ese deterioro. Ese año las ventas de vivienda nueva en Colombia cayeron 44,9%, pues durante ese año se vendieron 106.554 viviendas menos que en todo 2022.
Esa situación desembocó en un impacto directo a los inicios de obra de nuevos proyectos, situación que aún hoy en día se ve reflejada en la actual situación del sector.
Para el 2025 el sector tuvo una leve reactivación, aunque sin salir de las cifras negativas. De acuerdo con el balance entregado por el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, la actividad edificadora en el país acumuló 9 trimestres de variaciones negativas.
El gremio aseguró que el difícil momento que atraviesa el sector, unido a las malas decisiones que ha tomado el Gobierno, han hecho que uno de los pilares históricos del desarrollo económico en el país enfrenten una gran crisis.
De esta forma, la contracción de los nuevos proyectos, las dificultades para el acceso a créditos, las tasas de interés elevadas, el cierre de subsidios como ‘Mi Casa Ya’, y la ausencia de políticas públicas que faciliten el acceso a vivienda han producido un crisis que, según el gremio, el Gobierno busca intensificar.
Topes máximos a los precios de las VIS
Ahora, el sector de la vivienda está en riesgo de resultar damnificado con el aumento del 23% en el salario mínimo.
Voceros del sector han señalado que con este incremento, el costo de construir una vivienda en Colombia se incrementaría entre 10% y 15%.
Lo más grave es que el objetivo del Gobierno es que este mayor costo no se traslade al valor de las viviendas.El Gobierno publicó para comentarios un proyecto de decreto que pretende evitar incrementos automáticos en el precio final de la Vivienda de Interés Social (VIS) asociados al aumento en el salario mínimo.
El decreto, por ejemplo, establece que el tope máximo para este tipo de vivienda será de 135 salarios mínimos mensuales, lo que equivale a $236 mil millones, pese a que en Bogotá un número importante de vivienda de este tipo tiene un valor que alcanza incluso los 150 salarios mínimos mensuales, unos 262 millones de pesos.
Límite que está autorizado por la ley y que no podría ser cambiado por decreto.
El Ministerio argumentó que esta medida se enmarca en las competencias legales que tiene el Gobierno nacional para obrar en este tipo de circunstancias, además, enfatizó en que el proyecto no constituye un control de precios.
“El proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”, indicó el Ministerio de Vivienda.
“De esta manera, se evitan incrementos abruptos —como los derivados del aumento del salario mínimo del 23 % para la vigencia 2026— y se limita cualquier ajuste a variables relacionadas con los costos de construcción, siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario”, añadió la institución.
La respuesta del gremio
Camacol rechazó rotundamente este proyecto de decreto del Gobierno. Según el principal gremio de construcción del país, la intención de este decreto es establecer un control de precios a las viviendas del país.
“El gobierno está imponiendo un control de precios a la vivienda en Colombia. Con el proyecto de decreto están rompiendo la regla de oro del mercado en Colombia, que es la libertad que tenemos para plantear el precio para los productos”, alertó el presidente de Camacol Guillermo Herrera.
El dirigente gremial también recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato. “Su desarrollo implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse entre cuatro y cinco años.
Durante ese tiempo se presentan variaciones en costos, materiales, tasas de interés y regulaciones, que obligan a ajustes razonables en los precios futuros para preservar la sostenibilidad de los proyectos”, explicó.
De esta forma el gremio aseguró que la propuesta del Gobierno no solo afectará gravemente al gremio y a los compradores de vivienda, sino que también va en contra del marco legal vigente al romper la manera en que funciona el mercado colombiano.
El presidente Gustavo Petro respondió directamente a estas acusaciones asegurando que la propuesta no corre riesgo jurídico, y lo único que busca es que la VIS mantenga el propósito con la que fue creada y sea realmente vivienda popular.
“No hay riesgo jurídico. Lo que produce el salario vital no eleva sustancialmente el precio de la vivienda porque el costo laboral llega a un 20%.
Lo que aquí se discute es que si se sube el techo para hacer VIS, se deja de hacer entonces vivienda realmente popular que es el objetivo de la política pública de vivienda”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.
Por su parte Camacol insistió en que el proyecto solo afectará gravemente al sector, reduciendo la oferta y profundizando.