Un taxista, identificado como Juan Carlos Naranjo Becerra, fue capturado en Bogotá, luego de ser señalado de supuestamente cometer un fraude que habría afectado al menos a 35 pasajeros.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, el conductor utilizaba un datáfono para realizar lo que se conoce como ‘cambiazo’ de tarjetas y apropiarse de dinero de sus pasajeros, por medio de retiros y transferencias no autorizadas.
La captura se dio en la localidad de Suba, luego de una investigación basada en múltiples denuncias. Según han logrado establecer los investigadores, el esquema comenzaba cuando el pasajero intentaba pagar el servicio con tarjetas.
El conductor les indicaba que la transacción presentaba fallas técnicas y solicitaba repetir el procedimiento. En ese momento, cambiaba la tarjeta original por una réplica sin valor, la cual devolvía al usuario sin que este notara el cambio.
A continuación, con la tarjeta auténtica y los datos personales del propietario, incluida la clave de las tarjetas, el taxista señalado habría realizado retiros y transferencias ilegales. El monto total superaría los $379 millones.
Según dieron a conocer las autoridades, el patrón fue identificado gracias a las denuncias de las víctimas, quienes dieron detalles acerca de procedimientos similares en distintos puntos de la capital del país.
Una vez realizado el proceso de rastreo de la información recopilada, la Policía logró ubicar al conductor en el noroccidente de Bogotá. La captura se llevó a cabo durante una diligencia de registro y allanamiento.
Cuando lo lograron capturar, tenía en su poder dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas de débito y crédito. Además, se encontraron dos credenciales pertenecientes a otras personas, lo que los llevó a incluir la hipótesis acerca de su presunta participación en otros hechos delictivos.
La Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, ante quien llegó el caso de este taxista, judicializó a Naranjo Becerra, imputándole los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales.
El procesado, por su parte, no aceptó los cargos que le fueron imputados por parte del ente investigador. Un juez de control de garantías, en paralelo, le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
Las autoridades continúan sus labores investigativas, consolidando las pruebas pertinentes, para establecer si, además de las víctimas con las que se pusieron en contacto, existen otras que todavía no han presentado su respectiva denuncia y que podrían contribuir a entender si había otras personas involucradas en este hecho.