La discusión sobre el salario mínimo para 2026 avanza en medio de tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial.
En este escenario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió que los incrementos decretados en los últimos años no han comprometido el control de la inflación ni la generación de empleo, un punto que para el Ejecutivo es clave en la negociación actual.
Las sesiones de la mesa de concertación iniciaron el primero de diciembre con la habitual distancia entre las partes. La ausencia del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, marcó el inicio del proceso.
Jaime Cabal sostuvo que el Gobierno estaría promoviendo cifras “populistas” de aumento, lo que consideró incompatible con una negociación técnica y objetiva. Esta postura abrió un nuevo capítulo en las tensiones que se han repetido durante el mandato de Gustavo Petro.
En paralelo a las diferencias políticas, comenzaron a conocerse las primeras estimaciones que influyen en la discusión.
Una de las más relevantes proviene de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea un incremento del 13,3 % como referencia para garantizar que un hogar promedio pueda cubrir sus necesidades básicas. Esta cifra sustenta la propuesta que impulsa el Gobierno bajo el concepto de “salario vital y móvil”.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha reiterado que dicho porcentaje surge del análisis de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del Dane. Según estos datos, una familia de cuatro personas requiere cerca de $2′982.960 mensuales para cubrir vivienda, alimentación, salud y educación. Esta información se ha convertido en uno de los soportes centrales del Ejecutivo para promover un aumento de dos dígitos.
A partir del salario mínimo vigente para 2025, que es de $1′423.500, la proyección del incremento sugerido por la OIT se traduce en un alza de $189.925. De aplicarse esta cifra, el salario mínimo mensual legal vigente para 2026 quedaría en $1′613.426, sin contar el auxilio de transporte, que para este año es de $200.000.
El Gobierno ha insistido en que este ajuste no comprometerá la estabilidad económica, pues considera que los incrementos de años anteriores se han implementado sin afectar los indicadores de empleo ni generar presiones inflacionarias. Para el Ejecutivo, sostener un salario mínimo robusto es una medida necesaria para enfrentar el costo de vida y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Las negociaciones deberán avanzar antes de la fecha límite legal. Si no se alcanza un acuerdo entre las partes, el Gobierno tendrá la responsabilidad de fijar el salario mediante decreto, como ha ocurrido en otros años. La cifra final dependerá de los consensos que puedan lograrse en las próximas jornadas.