Hace unas semanas, el Ministerio de Salud anunció una nueva resolución para actualizar la regulación sobre el proceso de etiquetado nutricional y frontal en varios de los productos que se venden en las tiendas de Colombia. Esta es más conocida como la Ley de comida chatarra y funciona desde el 2023.
Según la cartera sanitaria, la novedad se trata de una advertencia específica para los productos ultraprocesados, permitiendo microsellos en empaques de tamaño reducido.
Frente a este contexto, esta iniciativa ha recibido el visto bueno tanto de Red PaPaz como de distintas organizaciones de la sociedad civil y la academia libres de conflicto de interés.
Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, considera que esto se trata de un avance que pone a Colombia en la vanguardia de la salud pública global.
“El etiquetado frontal es uno de los cuatro pilares fundamentales recomendados por la OMS para frenar la obesidad, junto con la regulación de entornos escolares, las restricciones a la publicidad y los impuestos a bebidas y comestibles ultraprocesados. Estas medidas no son aisladas; son herramientas esenciales para que las familias colombianas recuperen su autonomía alimentaria y tomen decisiones de compra con información clara, visible y veraz”, destacó Piñeros Ospina.
Por su parte, Mylena Gualdrón, coordinadora de nutrición e investigación en FIAN Colombia, enfatizó el reporte de casos en que se han quitado los sellos de advertencia a ultraprocesados mediante el uso de una amplia variedad de aditivos.
“Muchos con efectos igualmente nocivos en salud que mantienen la base del problema: el consumo incontrolable de ultraprocesados que sin duda es un factor clave en los graves problemas de exceso de peso y enfermedades asociadas en el país”, afirmó Gualdrón.
Mientras que Gustavo Cediel, integrante del Grupo de Investigación Saberes Alimentarios de la UDEA, subraya que los productos comestibles y bebibles ultraprocesados están relacionados con las enfermedades más frecuentes y con una muerte prematura.
“La ciudadanía tiene el derecho a estar informada y reconocerlos rápidamente. ¡Para esto es el etiquetado de advertencia!“, advirtió Cediel.
Así las cosas, Red PaPaz hace un llamado al Ministerio de Salud para que se presenten avances en la expedición definitiva de esta Resolución y mantenga intactos los plazos de implementación previstos para agosto de 2027.
“Postergar o debilitar esta medida significaría ceder frente a intereses que históricamente han retrasado acciones clave de salud pública, en detrimento del bienestar de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Colombia ha demostrado liderazgo regional en la adopción de políticas basadas en evidencia; sostener este rumbo implica garantizar que las disposiciones aquí planteadas se materialicen de manera oportuna, efectiva y sin dilaciones”, instó la ONG.