La Procuraduría General de la Nación detectó nuevas irregularidades administrativas en la Imprenta Nacional, durante una segunda visita de supervisión realizada este miércoles, 6 de agosto.
La acción buscaba recabar nueva información sobre el proceso de impresión de pasaportes, tras una primera inspección que ya había revelado fallas en la justificación y planeación del acuerdo con Portugal.
En esta segunda diligencia, la Procuraduría verificó la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir la fabricación de libretas de pasaporte, un proceso que el Gobierno había anunciado comenzaría el 1 de septiembre de 2025.
Sin embargo, el equipo del Ministerio Público encontró respuestas vacías y contradictorias por parte de los funcionarios de la entidad, lo que reforzó las dudas sobre la viabilidad del proyecto.
Entre los hallazgos más graves se identificó que la solicitud de sustento fiscal y financiero para comprometer más de $1,3 billones se realizó sin la debida autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), ni un documento Conpes, tal como lo establece el estatuto orgánico del presupuesto.
Además, constató que la Imprenta Nacional no presentó a la Junta Directiva el procedimiento o los cálculos necesarios para estimar el valor del contrato, lo que aumentó las sospechas de una gestión improvisada.
La Procuraduría también alertó sobre los riesgos que enfrenta el cronograma de expedición de pasaportes. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los tiempos necesarios para que la Imprenta Nacional inicie operaciones podrían superar las 35 semanas, lo que haría inviable el inicio de la expedición el 1 de septiembre de 2025.
El ente de control reiteró su llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que adopte medidas inmediatas y garanticen el normal funcionamiento de la expedición de pasaportes. También subrayó la necesidad de revisar exhaustivamente el cronograma y la capacidad técnica de la Imprenta Nacional para cumplir con el proceso.
La Procuraduría continuará supervisando el caso para garantizar que se cumpla con los estándares de transparencia y responsabilidad en la contratación pública.
El pasado 11 de julio, el ente del Ministerio Público adelantó dos visitas a la Imprenta Nacional y a la Cancillería, con el ánimo de indagar las condiciones para la fabricación de pasaportes.
“La entidad que debe prestar el servicio bajo el nuevo esquema adoptado por el Gobierno nacional es la Imprenta Nacional de Colombia, empresa que según se informó en el marco de la vigilancia preventiva, carece de las capacidades e infraestructura física y de personal para prestar el servicio de suministro de pasaportes actualmente“, señaló en ese entonces la entidad.