El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta tras la advertencia de un paro armado por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una decisión que busca contener una escalada de violencia y garantizar la seguridad de comerciantes, transportadores y ciudadanos ante amenazas e intimidaciones que han alterado la vida cotidiana en la región.
La medida, anunciada después de un consejo de seguridad extraordinario, incluye el refuerzo inmediato de la presencia militar y policial en el área, la instrucción de “blindar la región” y la promesa de “recuperar plenamente el control territorial”, según el mensaje público del mandatario.
El anuncio llega en un contexto de tensión tras la muerte de alias “Chalo” y de uno de los hijos de alias “Pinocho”, hechos que, según fuentes oficiales citadas por el Gobierno, motivaron la advertencia de paro armado por parte de la estructura criminal conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
De la Espriella afirmó que ya se han capturado a tres presuntos integrantes de esa estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha, y aseguró que las fuerzas del Estado continuarán con operaciones hasta neutralizar a todos los responsables.
“Aquí el que no se someta será dado de baja”, dijo el presidente, en una declaración que subraya la intención de aplicar mano dura contra quienes recurren al terror para someter a la población.
Agregó: “Y voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales”.
Asimismo, la orden presidencial contempla el despliegue de capacidades legítimas del Estado, siempre “en el marco de la Constitución y la ley”, según el propio mandatario.
En la práctica, la militarización implica mayor patrullaje, puestos de control, operaciones de inteligencia y coordinación entre la Policía, el Ejército y las autoridades locales para proteger corredores comerciales, terminales de transporte y zonas urbanas donde se han reportado amenazas.
El objetivo declarado es restablecer la normalidad y evitar que grupos armados impongan condiciones mediante la violencia. En Santa Marta, comerciantes y transportadores han reportado cancelaciones, cierres temporales y temor entre empleados y clientes.
Las autoridades locales han pedido calma y colaboración ciudadana, al tiempo que el presidente anunció que viajará nuevamente a la ciudad para liderar personalmente las acciones del Gobierno y acompañar a la Fuerza Pública.