Una nueva polémica envuelve el servicio de consultas médicas que prestará la cadena de farmacias La Rebaja, idea propuesta por el presidente Gustavo Petro. El exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, publicó a través de sus redes sociales una denuncia pública porque considera que hay irregularidades en la prestación del servicio de salud en las farmacias.
“Pretender prestar consulta médica dentro de droguerías desconoce normas vigentes y rompe principios básicos del sistema de salud“, dijo Bravo, pues, según indicó, el decreto 1950 de 1964 prohíbe la consulta médica en droguerías.
Asimismo, el exconcejal caleño manifestó que el decreto 2200 de 2005 “define claramente que el servicio farmacéutico no incluye diagnóstico ni prescripción” y que la resolución 3100 de 2019 “exige condiciones estrictas de habilitación que no se cumplen por el solo hecho de operar en un punto de venta”.
Lo anterior, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, publicara en su cuenta oficial de X que Zipaquirá, Cundinamarca, va a estrenar el primer consultorio del país en una droguería estatal.
Por ello, en el documento que Bravó envió a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud, a la Procuraduría General de la Nación y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se mencionó que hay posibles inconsistencias en la habilitación, operatividad y legalidad de que un consultorio médico funcione al interior de una farmacia.
“Formulo la presente queja administrativa y solicitud de intervención preferente, con el fin de que esa Superintendencia y las entidades competentes verifiquen, de manera urgente, la legalidad sanitaria, la habilitación efectiva, la identificación del prestador, la sede, los servicios realmente ofertados y las condiciones materiales de operación del consultorio que funciona o pretende funcionar dentro de una sede de Drogas La Rebaja en el municipio de Zipaquirá”, se lee en el documento compartido por el ciudadano.
¿Irregularidades?
El exconcejal de Cali afirmó a través de su cuenta en la red social X que una farmacia no es una IPS; además, mencionó que un dispensador no es un consultorio médico, por lo que considera que vender medicamentos no habilita para diagnosticar pacientes.
“Lo que están haciendo es mezclar negocio con acto médico, eliminando la independencia en la prescripción y desdibujando los controles sanitarios diseñados para proteger al paciente”, afirmó Juan Martín Bravo en su publicación.
Asimismo, afirmó que no hay actualmente claridad sobre el registro en el Reps (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud), la habilitación efectiva o las verificaciones por las autoridades sanitarias.
Bravo agregó: “5500 personas pueden perder el empleo por las decisiones de Petro. Drogas La Rebaja (Coopservir) proyecta pérdidas por más de $63 mil millones para el 2026″.