SAE recuperará 32 inmuebles vinculados a aliado de Gonzalo Rodríguez Gacha y avaluados en $19.500 millones

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que dio inicio a la recuperación de 32 inmuebles avaluados en aproximadamente $19.500 millones. Estos se encuentran vinculados a Francisco Javier Piedrahita Sánchez, un narcotráficante que fue socio de Gonzalo Rodríguez Gacha y relacionado con presuntos vínculos con finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Según la SAE, estas actuaciones se realizarán en cumplimiento de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo decretadas dentro de procesos de extinción de dominio adelantados por la Fiscalía General de la Nación.

Estas propiedades también aparecen que tienen relación con integrantes del núcleo familiar de Piedrahita Sánchez y con la sociedad Uribe Lopera y Cía.

En medio de las verificaciones realizadas por la entidad, la SAE identificó que los inmuebles permanecían bajo la tenencia de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahita Sánchez, y de otros miembros de su entorno familiar.

De acuerdo con la información preliminar, algunos de estos activos al parecer han estado siendo subarrendados y han estado generando presuntos beneficios económicos particulares, al mismo tiempo en que siguen vinculados a procesos judiciales y se encuentran bajo administración del Estado colombiano.

“Piedrahita Sánchez, fue señalado por las autoridades como uno de los principales cerebros de las estructuras financieras del paramilitarismo en Colombia como se demuestra en las investigaciones conocidas como Parqueadero Padilla. Las pesquisas permitieron documentar presuntas operaciones de lavado de activos, narcotráfico e incremento patrimonial injustificado asociadas a organizaciones criminales que operaron en distintas regiones del país”, detalló la SAE a través de un comunicado.

Según destaca la entidad del Gobierno Nacional, dichas investigaciones judiciales han sido uno de los capitulos más y oscuros y dificiles para la administración de justicia en Colombia: “14 investigadores fueron asesinados en hechos atribuidos a estructuras criminales interesadas en impedir el avance de las pesquisas sobre las finanzas del narcotráfico y el paramilitarismo”, explicó.

Esto sucedió en la década de 1990 en Antioquia, cuando el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en ese departamento era el fiscal Gregorio Oviedo, difunto esposo de la actual directora de la SAE, Amelia Perez.

“La recuperación de estos bienes no solo garantiza la protección del patrimonio administrado por el Estado. También constituye un acto de reconocimiento a fiscales, jueces, investigadores y servidores públicos que enfrentaron a algunas de las organizaciones criminales más violentas del país, y cuyo trabajo permitió avanzar en el esclarecimiento de estas estructuras económicas ilegales”, indicó la SAE.

Finalmente, se sabe que uno de los inmuebles recuperados en el municipio de Guarne se destinará a la creación de un refugio para animales domésticos en condición de abandono.