El Ministerio de Trabajo, a cabeza de Antonio Sanguino, confirmó la apertura de una investigación a Movistar y Tigo en medio de su fusión empresarial, luego de que se emitiera un Plan de Retiro Voluntario (PRV).
Siendo así, desde la cartera se ha puesto bajo estricta vigilancia los procesos de gestión de personal de las operadoras. La alerta surge tras la divulgación del PRV dirigido a los empleados de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, el cual ha generado interrogantes sobre la estabilidad laboral de miles de trabajadores en el sector.
La autoridad laboral busca determinar si estos planes, presentados por las empresas como alternativas para “adaptar la organización a las necesidades actuales”, cumplen con las garantías de ley o si ejercen presión indebida. El proceso administrativo coincide con la fase de integración de ambas compañías, una operación que busca crear una organización sostenible frente a los desafíos del mercado.
De acuerdo con la comunicación oficial enviada por la Dirección de Personas y Administración de Movistar, el Plan de Retiro Voluntario se habilitó como una alternativa de mutuo acuerdo. La propuesta contempla una bonificación equivalente a 30 días de salario por cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses, y 15 días por fracciones inferiores a ese periodo.
El documento especifica que la postulación al plan fue exclusivamente entre el 25 y el 27 de febrero, hasta las 11:00 a.m. La compañía enfatizó que la participación es “completamente libre y voluntaria”; sin embargo, aclaró que la postulación no garantizaba la aceptación automática, ya que cada caso debía ser evaluado por un comité interno del PRV.
Para facilitar la toma de decisiones, la empresa puso a disposición de su nómina un simulador financiero y un documento de preguntas frecuentes. No obstante, la brevedad de los plazos otorgados y la coincidencia con el proceso de fusión institucional han motivado la intervención del Ministerio para asegurar que el “mutuo acuerdo” no oculte despidos colectivos injustificados.
El Ministerio del Trabajo enfoca su indagación en verificar que no se vulnere el derecho al trabajo durante la transición empresarial. La normativa colombiana exige que procesos de esta magnitud cuenten con transparencia y acompañamiento, evitando que los planes de retiro se conviertan en mecanismos coercitivos para reducir nóminas de forma masiva sin las autorizaciones correspondientes.
Por su parte, la empresa sostiene que el objetivo del PRV es permitir que los colaboradores inicien nuevos proyectos personales o profesionales de manera respetuosa. Las directivas aseguran que el proceso se realiza bajo premisas de transparencia y que los términos establecidos aplican únicamente para este periodo específico de postulación que ya cerró formalmente.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.