Angie Rodríguez y Deicy Jiménez se reúnen para unificar pruebas sobre presunta red de favores sexuales en el Dapre

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, sostuvo una reunión clave este miércoles 4 de noviembre de 2026 con Deicy Jiménez, la mujer que denunció públicamente la existencia de una presunta red de explotación y favores sexuales a cambio de la adjudicación de contratación estatal dentro de la Casa de Nariño.

A pesar de que Jiménez no rindió su declaración formal ante la Fiscalía General de la Nación en la diligencia programada para el pasado 3 de noviembre, este encuentro privado marca un punto de inflexión en el caso.

Según declaraciones entregadas por Rodríguez al diario El Tiempo, la reunión —aunque breve— sirvió para contrastar los testimonios de ambas y encontrar serios puntos de convergencia institucionales. “Son demasiadas coincidencias y un mismo patrón”, enfatizó la exfuncionaria, haciendo referencia a las presuntas irregularidades que ella misma llegó a identificar de primera mano mientras lideraba la entidad en la administración anterior.

El propósito central de este acercamiento entre Rodríguez y Jiménez es consolidar un frente común para organizar los hallazgos y coordinar de manera estratégica la entrega de la información a las autoridades competentes.

La gravedad de las denuncias apunta no solo a conductas de acoso y abuso de poder dentro del palacio presidencial, sino también a una estructura de corrupción que habría condicionado el presupuesto y los contratos del Estado a pretensiones de índole sexual.

Con esta alianza, ambas mujeres buscan blindar y dar mayor sustento jurídico al caso penal, asegurando que las pruebas recolectadas demuestran una práctica sistemática y un modus operandi recurrente dentro de las dependencias oficiales de la Presidencia.

El escándalo, que sigue en desarrollo, promete reactivar la presión sobre los entes de control para que se esclarezcan las responsabilidades penales y políticas de los funcionarios implicados en lo que ya se conoce mediáticamente como el caso de los “sexocontratos”.