La Contraloría General de la República advirtió sobre el riesgo en que se encuentra la ejecución de $10,18 billones destinados a infraestructura hospitalaria y que están pendientes por legalizar en el Ministerio de Salud.
En un seguimiento que la entidad hizo en el primer semestre de este año, al sector Salud, la entidad identificó además que solo el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 correspondieron a proyectos reportados como terminados.
De acuerdo con el reporte hecho por la Contraloría, al 30 de junio de 2026, el Ministerio registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización.
La Contraloría examinó una muestra de 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De estos, 22 proyectos, por $541.194 millones, es decir, el 52,77% del valor de la muestra, presentaban situaciones que ameritan una vigilancia fiscal.
“Los colombianos necesitan hospitales funcionando no recursos comprometidos en obras que no se terminan”, manifestó el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas.
Entre las deficiencias que se identificaron se encuentran problemas en estudios y diseños, modificaciones en el alcance de los proyectos, mayores cantidades de obra, actividades no previstas e insuficiencias presupuestales.
También se encontraron debilidades en la trazabilidad de los recursos y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos planeados, lo que habría impactado los costos, plazos y funcionalidad de la infraestructura hospitalaria.
Baja ejecución de recursos para el cambio climático
La inversión del sector ambiental cayó 32% en 2025 y varios fondos destinados a financiar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático registraron bajos niveles de ejecución, de acuerdo con lo expuesto por la Contraloría General en su informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 2025-2026.
De acuerdo con el informe, la problemática principal es que no se logró identificar que los recursos disponibles se convirtieran en proyectos y acciones concretas en los territorios. Por ejemplo, para 2025, el Fondo de Adaptación ejecutó apenas el 0,82% de su presupuesto, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad llegó con dificultad al 52%, y el Fondo de Compensación Ambiental, que tuvo el porcentaje más alto, superó un poco más de la mitad con el 58%.
A esa inoperatividad, se suman los recursos que permanecen sin utilizar en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que cerraron el año pasado con un superávit fiscal acumulado de 1,72 billones de pesos, equivalente al 30% de sus ingresos anuales.
La Contraloría también encontró que el presupuesto de inversión del sector ambiente y desarrollo sostenible pasó de 1,44 billones de pesos en 2024 a 976.371 millones en 2025, es decir, una reducción del 32%.
En cuanto a la planeación territorial, el informe señala que 30 de los 32 departamentos tienen formulados planes integrales de gestión del cambio climático, pero solo 20 los han adoptado formalmente y apenas 13 presentan avances verificables en su implementación.
Asimismo, encontró que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Gobierno reportó avances físicos superiores al 100% en algunas metas, pese a que la ejecución presupuestal, según los informes presentados, fue baja. Además, parte de la información entre 2023 y 2025 está incompleta.
*Con información de Colprensa.