Un juez de Control de Garantías legalizó la tarde de este miércoles, 17 de diciembre, las capturas de tres altos funcionarios vinculados al Ministerio de Defensa y a la Brigada de Aviación No. 32, quienes están señalados de participar en un presunto entramado de corrupción relacionado con un contrato millonario para el mantenimiento de helicópteros Mi-17.
El proceso judicial se enmarca en una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que puso la lupa sobre la ejecución de este acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y la empresa estadounidense Vertol Systems Company.
El contrato, cuyo valor asciende a 32 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 122.000 de pesos, tenía como propósito garantizar el mantenimiento, funcionamiento y operatividad de la flota de helicópteros rusos Mi-17, aeronaves clave para distintas operaciones del Estado.
Sin embargo, de acuerdo con el ente acusador, la manera en la que se habría estructurado y ejecutado el contrato estaría rodeada de serias irregularidades que podrían haber generado una afectación directa al patrimonio público.
Según los avances de la investigación, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato luego de constatar que el proveedor no ejecutó de manera adecuada las obligaciones pactadas.
De acuerdo con la información recopilada, aunque se giró un anticipo correspondiente al 50 % del valor total del contrato, una suma superior a los 16 millones de dólares, las actividades efectivamente realizadas apenas alcanzaron cerca de 2,6 millones de dólares.
La Fiscalía General de la Nación señaló que, pese a los incumplimientos detectados y a que el contrato no podía continuar con su ejecución en esas condiciones, el anticipo fue desembolsado en su totalidad.
Además, el ente investigador advirtió que, hasta el momento, no se ha producido la devolución de más de 13 millones de dólares que corresponderían al saldo no ejecutado, situación que habría generado una grave afectación a los recursos del Ministerio de Defensa y que hace parte central del proceso penal en curso.
Los funcionarios detenidos fueron identificados como Hugo Alejandro Mora Tamayo, quien se desempeñó como secretario general del Ministerio de Defensa; el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa.
Tras la audiencia de legalización de captura, el juez avaló el procedimiento realizado por las autoridades, por lo que los tres implicados permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Con esta decisión, se despeja el camino para que la Fiscalía continúe con las siguientes etapas del caso, que incluyen la imputación formal de cargos y la eventual solicitud de medidas de aseguramiento.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, a los capturados se les imputarán varios delitos, entre ellos falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.
Estas conductas, de comprobarse, estarían directamente relacionadas con la presunta manipulación de documentos, decisiones contractuales adoptadas en beneficio indebido y la apropiación de recursos públicos.