“Las Farc no le han cumplido a las víctimas”. Esta es la advertencia lanzada por la Contraloría General de la Nación, ente que señaló que a diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el extinto grupo guerrillero no ha cumplido con la entrega de la totalidad de los bienes prometidos, para reparar a las víctimas.
Para la Contraloría este hecho pone en duda la viabilidad de las órdenes impartidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
En un informe entregado por el ente de control, la Contralora delegada para el sector Justicia manifestó que los recursos disponibles para cumplir las dos primeras sentencias de la JEP son insuficientes. “La reparación dispuesta en estas decisiones judiciales está desfinanciada en un 83,6 % para 2026”, dijo,
Detalló además que de los $121.858 millones estimados como necesarios, solo hay asegurados cerca de $20.000 millones, lo que deja un faltante de $101.858 millones, sin contar futuras sentencias.
Según la Contraloría, en el seguimiento hecho a los compromisos del Acuerdo de Paz se logró evidenciar que han existido no solo retrasos en la monetización de los bienes entregados, sino una diferencia sustancial entre lo que fue reportado por las Farc y lo que efectivamente recibió el Estado para reparar a las víctimas del conflicto armado.
“Estos incumplimientos ponen en riesgo el derecho a la reparación y pueden comprometer la responsabilidad del Estado”, advirtió la entidad, e hizo un llamado urgente para que se garanticen los recursos necesarios para cumplir las decisiones de la justicia transicional.
Relación de bienes prometidos y entregados
El ente de control en su informe detalló que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, fue designada como administradora de los bienes entregados por las Farc, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Uariv, figura como beneficiaria. Sin embargo, existe una enorme brecha entre lo prometido y lo que se ha entregado.
De acuerdo con el reporte, las Farc se comprometieron a entregar más de $12.070 millones en dinero en efectivo, pero solo se recibieron $2.114 millones. En el caso de las divisas, se reportaron US$450.000, pese a que “solo fueron monetizados US$ 448.500, ya que US$1.500 resultaron falsos”.
Situaciones similares se registraron en otros activos como oro, semovientes, muebles, inmuebles y medios de transporte, muchos de los cuales fueron entregados de manera parcial o no han podido ser monetizados.
Igualmente el ente de control, alertó que más allá del componente reparador, las sentencias de la JEP incluyen órdenes dirigidas a entidades nacionales y territoriales para garantizar su implementación. Sin embargo, “no existen recursos presupuestados para cumplir estas órdenes en la vigencia 2026, lo que limita su ejecución”.
Esta situación para la Contraloría genera incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional y el cumplimiento del principio de verdad, justicia y reparación. “Las diferencias entre los bienes prometidos y los realmente entregados comprometen la confianza en el proceso y plantean contingencias frente a la obligación del Estado con las víctimas”, concluye el informe