Una reforma a la Justicia con rostro ciudadano parece ser uno de los principales legados que el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le quiere dejar al país.

Con ese propósito, esta semana presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca alejarse de los temas polémicos y centrarse en garantizar que el sistema judicial llegue de manera efectiva a los territorios alejados de la geografía colombiana.

Según Carrillo, quien estará al frente del Ministerio Público hasta los primeros días de 2021, en este momento no es viable unificar las altas cortes ni promover una constituyente, como lo han propuesto personas allegadas a Álvaro Uribe, tras las decisiones que la Corte Suprema de Justicia ha tomado frente al proceso que le sigue al expresidente y sobre el que la Procuraduría General de la Nación también se pronunció ayer.

¿Cómo llegó la Procuraduría a este proyecto de reforma a la Justicia?

 La Procuraduría inició en agosto del año pasado un proceso inédito en Colombia y como resultado de una gran consulta, que vinculó más de nueve mil personas, verificamos que la tendencia mayoritaria apunta al acceso a la Justicia territorial y local. Cambiamos completamente el enfoque de la reforma, con el fin de tener un proyecto basado en el diálogo, participativo y ciudadano, tras un consenso con las cortes y catedráticos. Este no es un proyecto de la Procuraduría ni del Procurador, sino de los ciudadanos, es un proyecto de ley, no de ley estatutaria.

¿En qué consiste la propuesta de Justicia territorial?

El país ha cometido una grandísimo error, el gran pecado de las reformas a la Justicia ha sido concentrarse en la cúpula de la organización judicial, es decir, en la forma de las altas cortes, los requisitos para ser magistrado, entre otros. Nadie niega que es importante, pero la gran inobservancia en relación con lo que sucede en los territorios ha sido el gran déficit. Buena parte del fracaso de las 18 reformas presentadas desde el 2002 hasta hoy ha sido no ocuparse de lo que le interesa a los ciudadanos.

Por eso son tan importantes los mecanismos de acceso que buscan fortalecer las entidades territoriales en materia de Justicia. Tenemos el respaldo de gobernadores y alcaldes, y así lo dijo la ciudadanía: que la presencia del Estado no es solo de la Fuerza Pública, es mirar con espíritu crítico la geografía judicial de Colombia. Como lo han dicho el Consejo de Estado y la Judicatura, hay más de 150 cabeceras municipales que no tienen autoridad judicial y hay otras tantas donde el juez no hace parte del sistema de Justicia.

O sea que el plus de su propuesta es la cercanía con la gente...

Exactamente, es un proyecto de justicia ciudadana, muy en el espíritu de la Constitución de 1991 que, como los colombianos recuerdan, se produjo por estrategias de participación, no salió de un conciliado de expertos ni grandes reflexiones académicas, sino de lo práctico. Es el enfoque de las necesidades jurídicas insatisfechas, es decir, lo que toc

He señalado que, tras la pandemia, lo que viene es una avalancha de litigios sobre el Poder Judicial, y si no somos capaces de crear un válvula de escape a nivel territorial y local, colapsará el sistema, por los conflictos entre empleadores y trabajadores, arrendadores y arrendatarios, y contratistas y ciudadanos que siente vulnerados derechos, entre ellos, la salud.

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Es reforma social, porque está concentrada en los derechos sociales de los colombianos. Es decir, fortalecer la base y no la cúpula del sistema de justicia en Colombia.

¿Y cómo le apunta a la descongestión judicial?

El proyecto tiene dos grandes virtudes. La primera es que va a tener muy pocos opositores, porque todo el mundo está de acuerdo en que la tarea pendiente era mirar la reforma hacia lo local. Lo segundo es que le estamos abriendo la puerta a toda la tecnología para combatir las fallas del sistema judicial. Hoy no hay reglamentación en materia de utilización de tecnologías de información. Todos sabemos que en esta pandemia terminamos utilizando a la fuerza esos mecanismos, pero no están regulados. Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de aplicar tecnología a la toma de determinadas decisiones, no reemplaza al juez, pero sí nos ayuda en el manejo de datos que constituye el Poder Judicial. No se puede crear una brecha digital apuntándole a la tecnología solo en las capitales, seguiríamos cometiendo el error mayúsculo del pasado. Entonces, queremos que quede digitalizada la justicia de las capitales y también la de la otra Colombia, que son las tres cuartas partes del territorio nacional.

Retoma la alianza que creó su Procuraduría con las comisarías...

El proyecto de comisarias es muy humilde, pero con grandes repercusiones: busca fortalecer el acceso a toda la Justicia de familia. Si miramos los delitos que han aumentado en pandemia, vemos cómo ha crecido la violencia intrafamiliar y los delitos contra los niños y adolescentes. Queremos concentrar las actividades de los comisarios de Familia en perseguir esos delitos. Por eso, esperamos que este proyecto tenga un gran debate en el Congreso, para que la justicia de familia salga fortalecida como un todo, para llevar a las sanciones penales a quienes han seguido violentando colectivos vulnerables como son los niños y las mujeres.

¿Pero entonces este proyecto no se ocupa de las reformas en las altas esferas?

Creo que esa reforma es necesaria, pero nunca salió en nuestra consulta ciudadana. Todos sabemos que una gran reforma a la Justicia no se ha podido emprender desde la Constitución de 1991, por eso miramos la base de cómo funciona la Justicia, sin meternos en grandes reformas constitucionales.

¿O sea que no es de su interés que se promueva una constituyente?

Estoy convencido de que este no es el momento de realizar una constituyente en Colombia, ese no puede ser el objetivo de la reforma, porque va a fracasar una vez más. Lograr un consenso en este momento sobre esos macrotemas va a ser imposible. Vayamos a la más simple de las reformas, en la base, y estoy seguro de que generará una gran revolución y seremos capaces de convertirla en un proceso de municipalización de la Justicia, pensando en gobernadores y alcaldes, que no tienen estructuras administrativas ni gubernamentales para adelantar políticas públicas de Justicia. La Justicia tiene que entrar en los planes de desarrollo municipales y departamentales, sería uno de los cambios más drásticos y benéficos que puede tener. Nos toca renunciar a creer que al hacer grandes macroreformas la situación va a cambiar, cuando lo que quiere y necesita la gente es que al ciudadano de a pie se le resuelvan los problemas.

Eso implica aumentarle el presupuesto a la Rama Judicial...

Sí. Es una visión muy sistémica de la Justicia, no es solo el Poder Judicial. El sistema de Justicia lo comprenden autoridades administrativas, entes particulares, ciudadanía y veedurías, entre otros, y crearlo requiere el protagonismo de estructuras gubernamentales en los territorios y para eso se necesitan recursos.

¿O sea que tampoco está de acuerdo con la propuesta de unificar las tres altas cortes?

Insisto en que modificar la gran arquitectura judicial en este momento no es oportuno. Primero, porque no va a generar un efecto sobre la Justicia de la ciudadanía y la Justicia de a pie. Segundo, porque en Colombia no hay un consenso político para lograr eso. Soy de los convencidos de que el país necesita un gran acuerdo nacional en muchos campos, arrancando por la Justicia, y para eso hay que ver cómo se crean consensos, buscando todo lo que une a la gente y no lo que la separa.

En este momento, cualquier propuesta que fusione las cortes en una sola o afecte la estructura de la cúpula del Poder Judicial va a ser una reforma imposible. A mi juicio, una reforma innecesaria a corto plazo. Creo que entre más simple e inofensiva sea la reforma, sin tocar círculos de poder establecidos en Colombia, será más viable.