La institucionalidad del país cerró filas en torno al proceso democrático tras los comicios del pasado 31 de mayo. Mediante un comunicado conjunto emitido este martes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura manifestaron su pleno respaldo a las comisiones escrutadoras encargadas de verificar los votos en todo el territorio nacional.
Este pronunciamiento de la cúpula judicial se produce de forma simétrica a las reiteradas declaraciones del presidente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la transparencia del sistema y sostiene de manera insistente la tesis de que se alteraron los resultados en las mesas de votación.
El mensaje oficial lleva las firmas de Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema, y Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
Al tratarse de delegaciones compuestas principalmente por jueces de la República, la intervención de ambas corporaciones representa una defensa directa y técnica a la labor de sus propios funcionarios encargados del conteo oficial.
Las cabezas de la Rama Judicial enfatizaron que el Consejo Nacional Electoral es la única autoridad autónoma facultada por la Constitución para declarar resultados definitivos, restando valor jurídico a cualquier descalificación de carácter estrictamente político.
La tensión política aumentó luego de que el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil ubicara en primer lugar al abogado Abelardo de la Espriella con 10.361.499 votos, seguido por el senador Iván Cepeda con 9.688.361 apoyos.
Ante la necesidad de disputar un balotaje el próximo 21 de junio, el mandatario nacional aseguró poseer bases comprobadas sobre una supuesta manipulación del software electoral ocurrida el 26 de mayo y un crecimiento atípico del censo.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación indicó que no existen evidencias de tales irregularidades, mientras que observadores de la Unión Europea descartaron cualquier tipo de manipulación de datos.
Este debate sobre las garantías del sistema y la independencia de poderes coincide con los análisis programáticos de diversos sectores que buscan reformar la administración de justicia.
En pronunciamientos previos recopilados por la Corporación Excelencia en la Justicia, líderes políticos de la oposición, como la excandidata Paloma Valencia, han manifestado de manera coincidente que la Rama Judicial demostró fortaleza y resistencia frente a las presiones del Ejecutivo durante este periodo.
Desde los sectores independientes se insiste en que las modificaciones institucionales deben enfocarse en reducir la lentitud de los procesos ordinarios mediante tecnología y no en cuestionar la legitimidad de los tribunales.