La construcción de la nueva cárcel Metropolitana de Medellín registra un avance del 47% en sus obras de infraestructura, luego de que iniciara su construcción en abril de 2025 en el gobierno Petro.
Este proyecto busca solucionar el problema de la sobrepoblación que afecta a las estaciones de policía y centros de detención del Valle de Aburrá.
La cárcel está ubicada en la vereda Pedregal Alto, en el corregimiento de San Cristóbal. Según los reportes presentados por la administración municipal, los trabajos registran avances en diversos sectores.
“Las celdas de los primeros cinco pabellones ya llegaron al cuarto nivel de construcción, mientras se instalan redes internas y se edifican las áreas administrativas, de sanidad y de atención”, anunciaron desde la alcaldía de Medellín.
De acuerdo con el cronograma oficial, la infraestructura se entregará en mayo de 2027. Posteriormente, se realizará una fase de pruebas técnicas, operativas y de seguridad que tomará casi dos meses.
El inicio de operaciones e ingreso de los primeros detenidos está proyectado para julio de 2027. La novedad de esta cárcel es que es construida bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).
La firma Carmet Medellín S.A.S. está a cargo de la construcción, con un financiamiento de 215.000 millones de pesos aportados por el Grupo Aval. La concesión contempla un periodo de 15 años, 3 años de ejecución de obras y 12 años de operación. Durante la etapa de construcción, la Alcaldía de Medellín no desembolsará fondos públicos.
Los pagos de la administración municipal comenzarán cuando la cárcel entre en funcionamiento, con un canon anual estipulado entre 50.000 y 60.000 millones de pesos durante 12 años. La inversión total asciende a más de 675.000 millones de pesos, y la propiedad del inmueble retornará al municipio al finalizar el contrato.
El recinto tiene una capacidad total proyectada para 1.339 personas y se distribuye en seis pabellones. Cinco de ellos alojarán a 240 internos cada uno, y el sexto tendrá espacio para 139 personas, incluyendo una Unidad de Tratamiento Especial y celdas para reclusos con discapacidad. Las celdas individuales están diseñadas para albergar a cuatro personas.
En materia de seguridad, la infraestructura incorpora medidas específicas orientadas al control interno. Durante una visita de inspección a las obras, el alcalde Federico Gutiérrez señaló:
“Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente, porque vamos a tener un control absoluto y capacidad para 1.300 personas”, concluyeron.